NOTA EN REVISTA DEL SIMA.

DERECHOS HUMANOS: Insumos para un balance. Por Raúl Olivera (Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT) Si bien aún no hemos hecho un balance global del estado de situación en que actualmente nos encontramos, lo cierto es que tenemos en nuestra en una agenda colectiva – tanto de las distintas organizaciones que integran el Observatorio Luz Ibarburu, e individualmente como Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT -, desafíos pendientes que deberemos pensarlos colectivamente teniendo en cuenta los avances y los obstáculos existentes para avanzar sobre otros objetivos que aún están en el debe. Para estos apuntes de un balance parcial, hay un aspecto que no debemos olvidar porque marca una inflexión en el escenario de la lucha contra la impunidad: que en que en los primeros meses de este año, la lucha por Verdad y Justicia sufrió dos duros reveses. Uno con el traslado de la jueza Penal de 7mo turno Dra Mariana Mota y otro con la inauguración de una serie de sentencias de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 de la mayoría de la Suprema Corte. Con estas Sentencias y su contenido claramente desconocedor de las normas internacionales de defensa de los derechos humanos se empezó a levantar la confesada muralla que posteriormente fundamentaría públicamente Presidente, el Dr. Ruibal Pino. Muralla de contención para los avances que se estaban operando en el Uruguay en el sentido de poner fin a varias décadas de derechos ignorados y con ello enmarcarnos en los avances dados por la humanidad reflejada en las normas de derecho de protección y promoción de los derechos humanos. Otro aspecto, vinculado al anterior. En las Sedes penales donde están radicadas más de 220 causas relacionadas al terrorismo de Estado, se desarrollaron una serie de acciones concertadas por las defensas de los terroristas de Estado, vinculadas con las mencionadas sentencias de inconstitucionalidad contra la ley 18.831. Ellas consistían en la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 y contra las investigaciones penales aduciendo la prescripción de los delitos. A eso se sumaba, que la obligada colaboración de los organismos estatales de brindar información existente en sus archivos – principalmente del Ministerio de Defensa -, seguía siendo escasa o nula. Pese a que en varias causas existían avances que auguraban la continuidad de nuevos procesamientos, las situaciones antedichas las han demorado hasta ahora. Mientras este año murieron varios de los procesados, testigos y denunciantes. En esta batalla que estamos desarrollando, también contra el tiempo, los resultados no han sido alentadores. A ello hay que sumar la absolución de tres imputados, aunque solo en un caso significó la recuperación de la libertad. Diremos a partir de esos dos aspectos, que existe un panorama complicado. Si bien la batalla que sigue dando la Dra. Mota, no obtuvo resultados en su primer recurso ante la propia Suprema Corte, el apoyo nacional e internacional que continua recibiendo no puede catalogarse como una batalla perdida. Está en trámite en recurso ante el Contencioso Administrativo y en el futuro de no lograr un resultado ante la CIDH. Esta vez esta arbitraria situación no pasó en vano como ocurrió en el pasado con situaciones similares y eso es algo positivo. Por otro lado, si bien es cierto que los sucesivos resultados de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, continuaron siendo tan retrógrados y violadores de la normativa internacional, como el primero, también es cierto que a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se tomaron decisiones donde hay un claro desafió a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Corte. Tanto sobre la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. A modo de ejemplo, en el caso de la denuncia del periodista Rodolfo Porley, la defensa de los militares solicitaron el archivo de la denuncia argumentando lo mismo que sostiene la Corte, que los delitos habían prescripto a lo que la jueza Larrieu – la que sustituyo a Mota-, se negó. Los militares apelaron y el Tribunal Apelaciones por unanimidad le dio la razón a la Dra Larrieu. De igual manera opino ese mismo Tribunal de Apelaciones en la denuncia de la muerte del dirigente ferroviario Gilberto Coghlan. Hay más casos, donde jueces y fiscales debieron pronunciarse negativamente sobre la prescripción de los delitos y la intención de los militares de que esas denuncias fueran archivadas. En resumen, en esas determinaciones se opera una clara línea de argumentaciones y posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Corte. ¿Hay una rebelión de los jueces? Hay mas de una rebelión. En primer lugar hay una rebelión, un abierto desacato de la mayoría de la Suprema Corte contra las obligaciones que tiene el Estado uruguayo. Esa rebelión o desacato, mereció comentarios muy duros del Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Sr. Pablo de Greiff en oportunidad de realizar sus observaciones preliminares al final de su visita oficial al Uruguay. En segundo lugar, no todos los jueces actúan con un criterio que parte del presupuesto que hay que darl cumplimiento de la normativa internacional. El Juez a cargo del caso en el que se denuncia de la muerte de Edgar SOSA y el juez que actua en el caso de la muerte de Enrique Piegas, ambos magistrados decidieron el archivo de las causas por haber prescrito los delitos afiliándose a la posición de la mayoría de la Corte. En resumen, hay un debate jurídico en el que se puede percibir avances y retrocesos en la incorporación de la normativa internacional y una voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay. Aquellos que no se afilian a las posiciones de la Suprema Corte, por supuesto que desafían jurídicamente las posiciones de la mayoría de la Corte. De lo expresado, podría sacarse la conclusión de que habría que esperar que cambie la integración actual de la Suprema Corte y que el sistema político se anime a democratice el acceso a ese máximo órgano de un Poder del Estado. Esa no es una buena conclusión. Creo que deberemos seguir dando la batalla para que el Estado resuelva ya esta situación donde un Poder del Estado que no lo puso allí la ciudadanía resuelva en contra de lo que resolvieron otros os poderes elegidos por la ciudadanía y de lo que mandan los acuerdos suscritos por el país. Si no se resuelve eso, no somos un país serio. Y por otro lado, seguir dando la batalla en cada una de las causas, fortaleciendo el Observatorio, desplegando el debate político y jurídico, denunciando a nivel internacional. Las batallas en estos temas, nunca han sido fáciles, pero la razón está de nuestro lado.