EN EL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

“He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y ver realizado. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”. Nelson Mandela. (Discurso en el juicio de Rivonia em 1964, en que lo condenaron a cadena perpetua) En este día en que se conmemora un nuevo aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el movimiento sindical uruguayo a través de su Secretaria de Derechos Humanos cree que es oportuno compartir una reflexión sobre el real estado en que se encuentra el país la lucha contra el principal flagelo contra los derechos humanos: la impunidad. Creemos que derrotar definitiva y categóricamente las distintas variantes de la impunidad en nuestro país sigue siendo un tema pendiente que debería estar en la agenda de las prioridades del Estado y de aquellas fuerzas políticas que se embarcaran ya en la contienda electoral con miras a definir quien asumirá la responsabilidad de conducir los destinos del país. Somos consientes que una adecuada agenda de derechos humanos no debe limitarse a los hechos dramáticos de nuestro pasado reciente. Pero estamos convencidos que sin resolver adecuadamente nuestras deudas con ese pasado, no tendremos bases firmes y duraderas para construir un presente y un futuro donde impere una cultura de derechos humanos. Ese desafío pendiente de derrotar la impunidad y sentar las bases firmes de una vida ciudadana en clave de derechos humanos, debe ser pensado tanto a la luz de avances logrados por las normas del derecho internacional y los obstáculos existentes en su aplicación en nuestro país. Estos han sido claramente ubicados en las recomendaciones recientemente formuladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Sr. Pablo de Greiff, en base a la cisión de la sociedad civil y no de la mirada siempre autocomplacientes de los gobiernos, el sistema político y el propio Estado. Recientemente en el Uruguay con el dictado de una serie de sentencias de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucionales artículos de la ley 18.831, se empezó a levantar contra los avances que obliga la sentencia de la CIDH, la confesada por su Presidente Ruibal Pino, muralla de contención para terminar con la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado. En las Sedes penales donde se radican las causas relacionadas al terrorismo de Estado, se produjo una serie de recursos de las defensas de los terroristas de Estado, que encuentran en las mencionadas sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, argumentos para intentar impedir el avance de las investigaciones penales en curso y con ello el cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Interamericana. A esa situación se suma la escasa o nula colaboración de los organismos estatales de brindar información existente en sus archivos, principalmente del Ministerio de Defensa. Pese a que en varias causas existían avances que auguraban la continuidad de nuevos procesamientos de autores o complices de delitos de lesa humanidad, las situaciones antedichas las siguen demorado. Mientras tanto continúan falleciendo los procesados sin que se dicten sentencias condenatorias, testigos y denunciantes sin que se atienda sus requerimientos de hacer justicia. En esta batalla que también se desarrolla, contra el tiempo, los resultados no son alentadores ni han merecido la debida y adecuada atención por parte del Estado. A ello, se suma la absolución de tres imputados, aunque solo en un caso significó la recuperación de la libertad, con argumentos jurídicos y visiones históricas insostenibles. En este panorama complicado y amenazador, el arbitrario traslado de la Dra. Mariana Mota, no obtuvo resultados favorables en su primer recurso ante la propia Suprema Corte. Sin embargo, continúa recibiendo el apoyo nacional e internacional y se tramitan nuevos recursos a nivel nacional. Esta situación arbitraria, esta vez no pasó impunemente como ocurrió en el pasado con situaciones similares donde de distintas formas jueces y fiscales fueron represaliados por desafiar las políticas de impunidad, y pusieron en el debate público la democratización de un Poder del Estado, como lo es el Judicial. Si bien es cierto que las sentencias de inconstitucionalidad contra artículos de la ley 18.831 son retrógrados y violadores de la normativa internacional, también es cierto que a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se tomaron decisiones donde hay un claro desafió a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Esto se da, tanto sobre la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. En resumen, en esas determinaciones se opera una clara línea de argumentaciones y posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Suprema Corte uruguaya. Sin embargo es de destacar que el principal desacato al que el Estado en su conjunto debe prestar especial atención, es la de la mayoría de la Corte contra las obligaciones que tiene el Estado uruguayo. Desacato que mereció comentarios muy duros del Relator Especial de las Naciones Unidas Sr. Pablo de Greiff en oportunidad de realizar sus observaciones preliminares al final de su visita oficial al Uruguay. También vemos con preocupación y alarma que dos sedes penales, la de la Dra Canessa y la del Dr. Timbal, se decidiera el archivo de sendas causas por haber prescrito los delitos afiliándose a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Suprema Corte. Esta situación y las reseñadas más arriba nos muestran que existe un debate jurídico en el que se puede percibir avances y retrocesos en la incorporación de la normativa internacional y en la voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay. El Estado uruguayo en su conjunto debe tener una posición única y clara en consonancia con los compromisos que soberanamente suscribió como nación. Si esto no se resuelve, no seremos un país serio. Desde esta perspectiva y en este escenario, el movimiento sindical continuara estrechando fuerzas con otras organizaciones sociales para lograr justicia, vedad y alcanzar las condiciones necesarias para las garantías de no repetición de situaciones por las que atravesó el país. A la vez que convocamos a todas las actividades que en torno a este día se realizan, convocamos a la marcha que desde el Obelisco a la Universidad de la República, se realizara el miércoles 11 a partir de las 19.00 horas impulsada por el Colectivo de Vecinos de Santa Catalina y diversas organizaciones sociales por brutal asesinato de Sergio Lemos. 10 de diciembre de 2013