SOBRE
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS: Los archivos de la dictadura.
La incautación de documentos que
podrían ser parte de los archivos ubicados en el CGIOR en el 2006, que se
encontraron en un allanamiento del domicilio del fallecido Coronel Elmar Castiglioni,
generó determinados desencuentros de ex jerarcas del Ministerio de Defensa y un
periodista del semanario Brecha.
Soy poco inclinado a creer que se salden
esos desencuentros estableciéndose las responsabilidades políticas o
periodísticas del caso. No es ese un resultado que debamos esperar con
optimismo. La falta de voluntad política para que se establecieran las
responsabilidades que quedaron de manifiesto cuando se concluyó que aquel
archivo incautado en el 2006 estaba incompleto, nos inclina a ser escépticos en
ese sentido.
Hasta tanto no se sepa que contienen
las publicitadas 60 cajas incautadas, no sabremos la utilidad que dicha
documentación tiene para lograr avances sustantivos en el debe que aún mantiene
el Estado uruguayo con relación a lograr resultados satisfactorios en torno a
los procesos de verdad y justicia. Tampoco sabremos si se trata en realidad del
faltante de los archivos del CGIOR, o si se trata de una operación de
desinformación a las que nos tienen acostumbrados las fuerzas armadas.
En la medida que esta documentación
fue incautada porque se consideró que podía contener información útil para una
causa penal en la que se investiga la desaparición y muerte de Fernando Miranda
que se encontraba paralizada, es de esperar que la indagatoria sobre esa
documentación no demore los dos años que se tomo el Ministerio de Defensa para
digitalizar los archivos del CGIOR y que de ellos aún no tengamos un detalle de
su contenido.
Es la primera vez que un archivo
incautado de los servicios de seguridad (militar o policial), están bajo la
custodia y el mandato directo de un juez penal, y ese no es un dato menor. La importancia
que tiene.-Independientemente de los resultados que se obtengan de la citada
documentación- la resolución de la Jueza Larrieu de allanar y confiscar esa
documentación, indican que corren tiempos nuevos al menos para algunos
magistrados. Debemos recordar que hace 14 años (diciembre del 2001) en la causa
de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, se solicitó ante la sede
penal de 1er turno el registro y allanamiento del domicilio de coronel ® José
Baudean que había declarado en un programa radial que “a mi vino un
amigo del Presidente en el año 86 u 87 a preguntarme donde estaba el archivo. Y
yo lo tengo en mi casa. A ver si se animan a ir a buscarlo”. Nadie se animó entonces.
Tratándose de una
incautación por parte de la justicia y en el marco de un proceso de indagatoria
sobre crímenes de la dictadura y no sabiéndose si esos archivos contienen información
útil para esa causa (desaparición y muerte de Fernando Miranda), tampoco
podemos saber si contienen información sobre otros crímenes actualmente
indagados. Por esa razón saber su contenido es de suma importancia para que cualquiera
que este legalmente habilitado, pueda presentarse ante una sede penal para
reclamar que le fuera remitida aquella información que le fuera útil. Para eso,
reiteramos, va a tener que cumplirse el paso previo de saber qué es lo que hay
en esos archivos.
Estaba claro que eso de saber qué es
lo que hay, no lo iba a hacer la jueza Larrieu,
y por lo tanto tenía que encomendárselo a alguien con mandatos muy concretos:
examinar esa documentación desde el punto de vista de su utilidad en lo
inmediato para el proceso de justicia en curso relacionados con los crímenes
cometidos en el marco del terrorismo de estado.
Según
información de prensa, la jueza ya dispuso el viernes pasado, quién se
encargaría del estudio y análisis del archivo, para “relevar aquella documentación que sea útil a las investigaciones de
violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el período dictatorial en
nuestro país, que se siguen en ésta o en cualquier otra sede judicial”.
No nos es indiferente para quienes patrocinan
- con bastantes dificultades y poca colaboración por parte del Estado -, a quien
se le encomiende esa tarea. Tampoco lo debería ser para quienes en nuestro sistema procesal penal son el
representante del Ministerio Público (el fiscal). Debería ser un ejemplo de buenas
políticas públicas de defensa de los derechos humanos - casi inexistente hasta
hoy en otras esferas del Estado-, que los archivos que están bajo la tutela del
Poder Judicial en la figura de la Jueza Larrieu,
tengan un tratamiento que no sea funcional a la estrategia de los personeros de
la dictadura de ganar tiempo.
Es hora que el Estado en su conjunto
se pregunte si la abundante institucionalidad y las normas que supuestamente se
han creado para que se cumpla la verdad y la justicia, pueden ser realmente efectivas
sin una clara voluntad política que la hagan eficaces en todos los .ámbitos del
Estado. Que la jueza encomendara ese
trabajo a AJPROJUMI del Poder Judicial con la participación de la Secretaría de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente, nos parece una buena decisión. En el
primer caso, por la experiencia satisfactoria desplegada en torno a los
expedientes provenientes de la justicia militar, y en el segundo caso por la
nueva impronta que asumió recientemente esa secretaria.
Resumiendo es importante que se
realice sin dilatorias un inventario sumario de lo que hay y en función de ello
utilizarlos en aquellas causas en las que sean útiles. Para ello, debería considerarse
la eventual participación de la Unidad Especializada en derechos humanos creada
recientemente por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación por
Resolución 002/2015 del 7 de setiembre del 2015, dado que la misma tiene por
cometido realizar los asesoramientos, análisis, coordinaciones y difusión de
información que resulten necesarias para facilitar la actuación eficiente y
efectiva de los fiscales en aquellos procesos judiciales relativos a las graves
violaciones de los derechos humanos perpetrados en el marco de la actuación
ilegitima del Estado y el terrorismo de Estado.
Tenemos muy claro que las conductas
del Estado con relación a la información de sus archivos y a su voluntad de
saldar con eficacia sus obligaciones internacionales, ameritan todas las
desconfianzas habidas y por haber, y que los tiempos que se toman para encarar
esos temas, han sido hasta ahora funcionales a las estrategias dilatorias de
los abogados del Centro Militar.
Raúl
Olivera Alfaro
Integrante
de la Secretaria de DD.HH y Politicas Sociales del PIT/CNT
le='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333;background:white;mso-ansi-language:
ES;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>Creo que son muchas las
interrogantes inquietantes que podemos hacernos en esta coyuntura donde la
acción política del FA tiende a demostrar que se pueden atender los intereses
populares administrando bien el capitalismo
No hay comentarios:
Publicar un comentario