PONENCIA
DE RAUL OLIVERA EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DELA REPARACION INTEGRAL.
4
de Octubre de 2012.
Nos han pedido que respondiéramos a tres
preguntas. Previamente queremos realizar unas pequeñas consideraciones.
En nuestro país con relación a acciones
efectivas de reparación, por iniciativa propia del Estado – o dicho de otra
manera, iniciativas de quien produjo los daños que hay que reparar -, podría
afirmarse que es poco lo que se ha realizado en función de la profundidad del
daño que el Estado terrorista causo. Poca iniciativa, tarde y a muchas veces a desgana.
Tan tajante afirmación, no impide
reconocer que en los últimos años, se han hecho cosas. Se han tomado por parte
del Estado, - por lo general obligado por condenas internacionales o por la
persistencia de las organizaciones sociales-, algunas medidas tendientes a la Reparación de los efectos de las políticas delictivas que se llevaron a cabo
apartándose de las normas del derecho nacional e internacional. Esas políticas,
es importante anotar se llevaron a cabo durante el período pre-dictatorial, dictatorial
cometiendo aberrantes violaciones a los derechos humanos, y pos-dictatorial
llevando a cabo o permitiendo la impunidad.
Sobre la primera pregunta: ¿Qué está
intentando hacer hoy en materia de Reparación
el movimiento sindical?
Dos cosas a la vez. Tratando de
establecer una articulación entre la
resolución de determinados desafíos coyunturales y
al mismo momento, reparar y fortalecer el tejido social, la sociedad civil, el
movimiento popular.
En ese marco, lo que estamos tratando de
hacer con el resto de las organizaciones de la sociedad civil, está íntimamente
relacionado con lo que hicimos en la etapa anterior.
Nos referimos a los esfuerzos realizados
para lograr que el parlamento dictara una norma legal que otorgara al sistema
judicial herramientas eficaces para terminar con la impunidad.
Hoy tenemos planteado el gran desafío de
evitar que superada la impunidad jurídica, no terminemos sumergidos en la
impunidad fáctica.
Nunca dudamos, y hoy menos que nunca,
que sin un movimiento popular fuertemente organizado y comprometido con una
cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en su mas amplio
espectro, mas allá de que estén reconocidos en las constituciones, convenios y
tratados internacionales, esos derechos son letra muerta.
Con ese norte, a
partir de esa concepción estratégica fue que en oportunidad del fracaso del
primer intento de dictar una norma que permitiera cumplir con la sentencia de la Corte IDH , pusimos
nuestros esfuerzos para que el Poder Ejecutivo definiera la forma de dejar sin
efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron a las
denuncias en la ley de caducidad; se realizaran las comunicaciones oficiales y
formales a todos los poderes del Estado de la sentencia del caso Gelman y por
ultimo lograr que la fuerza de gobierno, luego de la experiencia del fracaso de
la ley interpretativa volviera a asumir la responsabilidad que les correspondía
dictando una norma que asegurara la acción de la justicia.
En ese escenario
fue de fundamental importancia, el lograr agrupar a las organizaciones sociales
en un posicionamiento unificado de la sociedad civil. A partir de ahí, tuvimos
los dos elementos imprescindibles de todo proceso de lucha: un programa que se
expresó en un proyecto de ley, y un núcleo de fuerzas sociales atrás de él.
Sin embargo – y
esa es una de las dificultades a superar -, no existió en los hechos una evaluación
colectiva de cómo el Programa que levantamos en la etapa anterior se
materializaba en hechos concretos de avances sustanciales en la erradicación de
la impunidad.. Lo interesante de batallas como esta, es no solo contar con las
fuerzas de uno, sino saber recoger y potenciar aquellas que existen en el
escenario político, social y académico
Estamos
convencidos que nuestra acción contribuyó a que el rumbo que finalmente tomó el
cumplimiento de la Sentencia
de la CIDH.
Hoy a partir de
un nuevo escenario nos encontramos en los tramos finales de materializar un
Observatorio de seguimiento de las causas judiciales de derechos humanos en la
que estaremos la inmensa mayoría de las organizaciones de la sociedad civil.
Los acuerdos que
nos permiten hoy pensar y sostener que la construcción del Observatorio, es una
herramienta que puede y debe contribuir a empezar a erradicar los reductos aun
existentes de la impunidad, se construyeron a partir de desentrañar los
desafíos actuales en el campo de la lucha contra la impunidad, y llegar a la
conclusión de que era necesario realizar
un detenido y atento recorrido por algunos de los elementos que constituyen la
actual coyuntura.
Un elemento, de
esa coyuntura, es sin duda la
Sentencia , que condenó al Estado uruguayo a investigar y el
juzgar las violaciones del terrorismo de Estado. Para que eso fuera una
realidad, no alcanza que de hayan desarchivado causas, que se hayan removido
los obstáculos jurídicos que obstaculizaban la actuación del sistema judicial.
Es fundamental, que esa acción del sistema judicial pueda ser llevada a cabo de
manera eficaz y en plazos razonables.
Hace pocos días,
la consultora FACTUM dio a conocer una encuesta de opinión, en la cual se
revelaba un cierto estado de una supuesta “opinión pública”. Entre otros
aspectos, con respecto al juzgamiento de los responsables de violaciones a los
derechos humanos.
Sabemos que los
estados de opinión pública, son muchas veces el resultado de una suerte de
manipulación de los medios masivos de comunicación pública, a la que no es ajena
la influencia desde los centros de poder político. Y por supuesto, sabemos
también, que las conductas políticas, los posicionamientos de la ciudadanía,
son en parte una consecuencia de esa suerte de
ese “estado de la opinión pública”.
También es
cierto, que la importancia que algún tema tiene en los escenarios políticos, no
siempre se corresponde a la importancia que le atribuye esa “opinión pública”.
Dicho de otra manera, pese a la manipulación mancomunada de los medios de
comunicación pública y de los centros de poder político, algunos temas
“escapan” a las intenciones y los pronósticos de los analistas políticos.
Muchas veces el
tema de las “violaciones a los derechos humanos”, se diagnostico laudado,
cerrado. Otras tantas, se afirmo que ningún militar iría preso por esos hechos.
Sin embargo, ese tema ordeno en los últimos treinta años, la agenda política
del país y muchos militares violadores de los derechos humanos, han sido
procesados y condenados.
Realizadas estas
anotaciones previas, pasemos a lo que nos interesaba destacar, en el marco de
la identificación de las dificultades que se nos presentan.
Según la
mencionada encuesta el tema del juzgamiento de los responsables de violaciones
a los derechos humanos, a juicio de la “población” no es uno de los problemas
que tiene el Uruguay. Está en el último lugar. Solo un 2% de la población,
piensa que ese es uno de los problemas principales que padece nuestro país.
Otra
“información” que nos da la mencionada encuesta, es que a partir de un análisis
de cómo la población evalúa el desempeño del actual gobierno con relación al
juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, ese tema esta en segundo
lugar entre los mejores evaluados (un 58%).
El sentido
común, podría llevarnos a pensar, que hay una relación de causa-efecto entre
una y otra opinión. Dicho de otra manera, el tema no es un problema del país,
porque el gobierno lo esta resolviendo bien.
Pero no hay peor
respuesta que aquella a una mala pregunta. ¿El juzgamiento a los violadores a
los derechos humanos, es un problema del gobierno? ¿Cuándo a un ciudadano lo
interrogan para sacar estas conclusiones, le aclaran que el juzgamiento es una
responsabilidad del Estado?
Sin duda que el
papel determinante – pero no exclusivo-, de responsabilidad de las políticas de
impunidad que imperaron en el Uruguay durante casi 30 años, del Poder Ejecutivo
comprendiendo en la ley de caducidad todas y cada una de las denuncias que
llegaban al Poder Judicial, le otorga hoy un papel relevante al cambio operado
en la administración de Tabaré Vázquez y en otra dimensión al de José Mújica.
Sin embargo, ese
reconocimiento – positivo, sin duda-, no debe opacar una realidad. Que la
obligación legal de juzgamiento de las graves violaciones a los derechos
humanos es una obligación global del Estado, y por lo tanto es indispensable
una acción proactiva de todos los poderes del Estado. Cosa que percibimos, no
existe con suficiente claridad y contundencia.
Dicho de otra
manera, no alcanza con que haya desaparecido el impedimento de una norma que
obstaculizaba la acción del sistema judicial, si desde esferas del Poder
Ejecutivo se ponen trabas, no se accede a los archivos militares o se menoscaba
la acción de los jueces cuando ponen ingentes esfuerzos por arrojar luz sobre
hechos ocurridos hace tantos años y sobre los que nunca se había hecho nada.
O que el
Parlamento sancione leyes, que posteriormente el Ejecutivo no reglamente y sean
un simple progreso manuscrito. Tal es el caso de la ley 18.435 que creo el
Archivo Nacional de la Memoria
en diciembre de 2008, y que al no haber sido reglamentado, es letra muerta.
Sin duda que la
materialización en estos próximos días del Observatorio del estado de las
causas judiciales sobre violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de
Estado, permitirá, además, de un conocimiento más acabado por parte de la
ciudadanía de los problemas que aún subsisten en torno a la impunidad, las
responsabilidades que le caben a cada poder del Estado. Y sobre todo logar que
se articulen soluciones adecuadas y eficaces para ellos.
En la medida que
nos encontramos en un taller de trabajo, vamos a dar a cuenta de algunas
informaciones que ampliaremos en esta misma sala el próximo miércoles 10, con
la palabra de Lorena baladini investigadora del CELS de Argentina y el juez de la Corte IDH Alberto Pérez
Pérez.
El inicio del
cumplimiento de lo dispuesto por la Corte IDH , ha provocado la reactivación de antiguas causas que se
encontraban archivadas y la presentación
de nuevas denuncias.
Ante el escenario que eso creó, las organizaciones de Derechos Humanos,
en el marco de un acuerdo entre el PIT/CNT con el CELS (Argentina) y la Universidad George Mason (EE.UU) en colaboración con la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos del Perú, hemos estado trabajando en la conformación
un Observatorio sobre el estado de las causas judiciales por violaciones
a los DD.HH radicadas ante el Poder Judicial uruguayo.
¿Con que
objetivo? El de realizar el seguimiento de las políticas públicas en materia de
derechos humanos, con la finalidad de mejorar o perfeccionar su eficacia con
relación a garantizar el pleno acceso de las victimas a una justicia efectiva y
el juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
El OBSERVATORIO,
intenta ser para las organizaciones de derechos humanos y la sociedad y el
sistema judicial, una herramienta para interactuar, en el nuevo escenario que
se instalo recientemente en el Uruguay con la sentencia de la Corte IDH. Un nuevo
escenario que debe resolverse adecuadamente, terminando con las políticas de
impunidad. La existencia de esas políticas, instaladas en el Uruguay a partir
de que nuestro sistema político, no quiso o no supo enfrentar hechos muy
dolorosos y traumáticos de nuestro pasado reciente, con las herramientas
construidas por el derecho internacional, le ocasionaron mucho daño al tejido
social y a la institucionalidad democrática. Esas conductas, aun hoy se
manifiestan en la ausencia de políticas claras en algunos niveles del Estado.
Esos resabios, que aún subsisten, nos planean un desafío jurídico, político y
ético, que tiene que ser resuelto adecuadamente. Los más de 30 años que abarcan
el periodo analizado en el Observatorio (1981 – 2012), nos brindan ciertos “datos” que dan cuenta de un largo
reclamo de sectores importantes de nuestra sociedad buscando pacifica y
sostenidamente restablecer el principio democrático de que todos debemos ser
iguales ante la ley. Esos “datos” de una realidad presente, tendrán la
responsabilidad de graficar aspectos sustanciales de un prolongado desafió que
aun tiene la sociedad uruguaya y frente a los cuales distintos actores
estatales y sociales, deberán asumir la responsabilidad de actuar en
consecuencia.
Unas
ultimas palabras. La palabra observatorio, suele darnos la idea de un lugar
desde donde se mira. Para que no sea solo eso, sino un ámbito de propuestas y
lucha, le hemos puesto un nombre a ese observatorio, para que no nos olvidemos
de que es eso. Lo hemos denominado Luz IBARBURU en homenaje a quien fue ejemplo
de lucha.
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