Palabras pronunciadas por Raul Olivera
Alfaro en la sección solemne de la Junta Deptal de Canelones el 27 de junio en
la ciudad de Las Piedras.
En primer lugar
quiero resaltar la importancia que para nosotros tiene, que la Junta
Departamental Canaria, haya tenido esta iniciativa de que hoy, cuando se
cumplen 40 años del Golpe de Estado y de la huelga general, se realice este
sano ejercicio de la memoria.
Uno de esos
hechos, significo la instalación por casi 11 años de una práctica sistemática de
terrorismo de estado. El otro, fue el inicio de una tenaz y sacrificada resistencia,
que por 11 años se desarrolló contra aquella manifestación extrema del
autoritarismo estatal.
Han pasado 40
años, y aun estamos en la larga y trabajosa tarea de consolidar las condiciones
para que nunca más nuestra sociedad tenga que padecer una situación similar
como la vivida en aquella oportunidad. Y también estamos ahora, construyendo a
nivel de nuestro pueblo las reservas y los reflejos democráticos necesarios
para que si ello volviera a ocurrir, resistirlo de la misma manera y si es
posible, aun mejor, que en aquellos años.
También quiero
agradecer que el PIT/CNT me haya designado para representarlo en esta
actividad, en la que también es un reencuentro con antiguos compañeros. Y
fundamentalmente para quien se educó en aquella experiencia innovadora y
maravillosa que fue la Escuela Experimental de Las Piedras, para quien curso
sus estudios secundarios en el liceo de esta ciudad, que formó su hogar y tuvo
sus hijos aquí, y en la que también descansan los restos de mi padre, tiene una
importancia que debo destacar. También como trabajador ferroviario durante
muchos años recorrí trabajando cada una de las muchísimas estaciones que en
aquellos años tenía AFE en el departamento.
Sería lógico que
representando al movimiento sindical, nuestras palabras estuvieran dirigidas
casi exclusivamente a resaltar aquello que lo distinguió en aquel 27de junio de
1973: la huelga general.
Pero hemos
hecho otra opción, que por supuesto no va en desmedro de la importancia que
aquella huelga general tuvo, como respuesta temprana del movimiento popular a
la ruptura institucional. El acento de nuestra intervención puesto en el golpe
de Estado y el terrorismo de Estado que a partir de allí se impuesto por parte
del régimen dictatorial, no se fundamenta, por ejemplo en que la dictadura en
el Uruguay, haya tenido características que la distingan de las otras que en
aquellos años se instalaron en América Latina. Hoy sabemos que la dictadura
uruguaya, también se orientó en la doctrina de la seguridad nacional y desarrolló
sistemáticas y gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Es cierto, que
lo novedoso, lo que sin duda hay que resaltar de aquellos golpes de Estado, es que
en ninguno, existió una resistencia popular que se inicio con una huelga
general con ocupación de los lugares de trabajo por parte de los trabajadores y
los centros de estudio por los estudiantes.
Por qué
entonces hoy priorizar hablar de la dictadura?
En primer
término, porque pocos discuten y cuestionan, que la entronización del
autoritarismo cívico-militar aquel 27 de junio de 1973, enfrentó una
resistencia popular y que esa resistencia en toda su extensión en el país y
fuera de él, tuvo un costo de muchas vidas, torturas, años de cárcel y exilio.
Y
en segundo término fundamentalmente, porque lo que fue y es objeto aún de un
debate es la verdad, es la esencia misma del terrorismo de estado.
La lucha por
desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta
existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, tuvo y tiene
aun hoy a 40 años, sus etapas, su proceso, su dinámica de lucha.
Su primera
etapa, tuvo su epicentro en el desenmascaramiento ante la comunidad
internacional, de lo que ocurría en el Uruguay y en todas las dictaduras que reprimían
coordinadamente el torno a la Operación Cóndor.. Ese desenmascaramiento, fue un
aspecto esencial de la lucha política para el retorno de las democracias.
Esa resistencia,
no se planteaba “desensillar hasta que aclarara”, no usaba las denuncias de las
gravísimas violaciones a los derechos humanos, solamente como un simple
instrumento de lucha política.
Se trataba además
de una lucha política de resistencia, de un cambio cultural profundo que
ocurría en el mundo que desafiaba una cultura existente, donde la defensa de
los derechos humanos era administrada según intereses políticos de los Estados
y los gobiernos. Ese cambio cultural profundo que podríamos denominar cultura
en clave de derechos humanos, aún hoy tiene dificultades para asumirse. Un
claro ejemplo, podemos ubicarlo en la cúspide de nuestro sistema judicial o en
discursos confusos o francamente reaccionarios en nuestro sistema político.
En ese proceso
de resistencia, desaparecen Omar Paitta, Pablo Errandonea, Fernando Díaz de
Cardenas, hugo Méndez y Carlos Rodriguez Mercader, vecinos de este
Departamentop en que queremos simbolizar a Todos Ellos.
En la etapa
posterior, producido el retorno de las democracias, cuando todos,
organizaciones sociales y políticas habían acordado en la CONAPRO que se debía saldar
el pasado dictatorial con verdad y justicia, otros fueron las opciones
políticas que prevalecieron. Las unanimidades logradas en la CONAPRO, se
estrellaron contra las determinaciones de intereses políticos, más propensas a
atender las presiones militares, que el significado profundo de las batallas
que se habían desarrollado con los testimonios de las victimas y las campañas de
denuncias a lo largo y ancho del planeta desnudando las aberrantes conductas
del gobierno dictatorial.
En esa etapa se
instalo una cultura de impunidad, que planteo para la vigencia plena de los
derechos humanos nuevas dificultades, cuyas consecuencias existen aún hoy.
Esa instalación
de las democracias en complejos procesos de transición, que no pudieron y no
quisieron entender la importancia de la continuidad de la lucha por los
derechos humanos como parte de la profundización democrática, marcó una agenda
política, social y jurídica teñida por las no resueltas heridas del pasado.
En ese
escenario, la llamada teoría de los dos demonios, funcional a perspectivas
históricas sobre el pasado reciente tanto a sectores de derecha como de algunos
sectores de la izquierda, dificulto y dificulta aun en nuestros días el
desarrollo de una batalla efectiva sobre la verdad histórica sobre nuestro
pasado reciente.
En ese
escenario político la determinación de la verdad, a partir de la aprobación de
la ley de caducidad quedó librada a una correlación de fuerzas política.
Pero la verdad
envilecida tanto por la teoría de los dos demonios, como por la existencia de
la ley de caducidad, no pudo ocultar que en el Uruguay hubo un golpe de estado
que instaló una dictadura. Y que a partir de ello, se desplegó un escenario de
la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura. Y que
esa lucha democrática, sigue hoy en torno a la verdad sobre nuestro pasado como
plataforma factica sobre la que se asienta la realización de un inexorable
proceso, tarde o temprano, de Justicia.
Desde el
asesinato de Ramón Peré en pleno desarrollo de la Huelga General hasta el
asesinato del Dr Vladimir Roslik en las postrimerías de la dictadura, y en el
periodo previo a la misma, se desarrollo un proceso que es sano para las
generaciones futuras, sacarlo de las determinaciones políticas o las dos
verdades “folkloricas” de cada uno de los demonios.
En los
expedientes judiciales en la que las víctimas denunciaron las atrocidades de la
dictadura , se está instalando, trabajosamente a partir de la actuación de
algunos valientes jueces y fiscales,, una dimensión importante de nuestra
historia.
Permítanme
aquí hacer un paréntesis para hacer referencia a dos vecinas de
Canelones, las doctoras Mirtha Guianze y Mariana Mota.
Allí pese a
las retrogradas posiciones del máximo órgano judicial que continua de espaldas
a los avances que la humanidad a dado en la creación de instrumentos de
protección de los derechos humanos, se ha ganado una batalla. Ese triunfo de la
lucha democrática de nuestro pueblo, no solo debe ser medida en el número de
violadores a los derechos humanos que purgan condenas o están siendo objeto de
procesos judiciales por los cuales están privados de la libertad. Debe ser
medida esa victoria ganada a la cultura de impunidad, en que ya no discuten en
los tribunales de justicia, si son o no culpables. Su lucha por mantener la
impunidad, solo pueden darla sobre si es o no posible castigarlos como lo
determina las normas del derecho internacional.
Un capitulo de
ella – pero hay unas cuantas más -, esta escrita, por ejemplo, en la sentencia
que condeno al General Dalmao por el asesinato de Nibia Sabalzagaray. Allí.
Además de hacerse justicia se laudo una de las batallas sobre la memoria y la
verdad. Allí se infligió una contundente derrota al sostenido esfuerzo
desarrollado por las fuerzas armadas, intentando instaurar una suerte de
“verdad” abiertamente reivindicativa del comportamiento y la acción de la dictadura.
Un ejemplo de
ello puede encontrarse en la versión sobre la muerte de Nibia Sabalzagaray
recogida en el expediente de la justicia militar. Sobre esa verdad de la
justicia militar, dice hoy la Sentencia dictada por la Justicia uruguaya: “Las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia
de la muerte de Sabalzagaray, y respecto de ellas no podemos soslayar la franca
pobreza investigativa, que no reconoce otro motivo que el interés de las
autoridades de la época de no dejar al descubierto la verdad de lo acontecido”.
Desenmascarar
esa suerte de versión bastarda de la dictadura, necesito desarrollar, tanto una
batalla desde el ámbito académico, como desde el ámbito de la acción del
sistema judicial, donde se establecieron en importantes sentencias las plataformas
fácticas en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y
los procesamientos y condenas de los militares, policías y civiles. Unas y
otras investigaciones –históricas y forenses -, contribuyeron a desarmar la
visión de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.
En esas
batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que encargaron el
cumplimiento del artículo 4to a los fiscales militare; y la verdad “posible”
pergeñada desde la Comisión para la Paz, no eran solamente intentos de
consolidar la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también
asegurar la impunidad sobre una verdad sustancial, aquella que establecida en
un proceso penal, puede o no, afectar la libertad de un individuo.
Pero esa
batalla no se detiene en las sedes judiciales. Allí también se desarrolla.
En esas sentencias, se establece una importante
dimensión de la verdad, la denominada “verdad forense”, aquella que establece
responsabilidades a partir de la construcción de lo que se denomina “plataforma
factica”. Esa verdad de los hechos no es una construcción sobre la que se pacta
la reserva de las fuentes, como en el caso de las averiguaciones de la COPAZ, o
las investigaciones de las propias fuerzas armadas. No es el producto de una
simple labor intelectual – aunque muy importante-,de las investigaciones
encargadas por la Presidencia de la República a la UDELAR.. No es la visión
solitaria y antojadiza de un juez penal o un integrante del Ministerio Público
y Fiscal, sino que es el resultado de un proceso largo y complejo que incluye testimonios,
pruebas por informes, declaraciones de los imputados, pericias, etc. Proceso donde
unos y otros –victimas y victimarios-, controvierten sus visiones, y que en
este y otros casos, también puede ser objeto de un reexamen de tribunales de
apelaciones.
Se trata en resumen, de una construcción de la verdad,
donde solo hay un solo demonio. En esa VERDAD, se construye un marco histórico
en el que se encuadran, por ejemplo, el mencionado homicidio de Nibia Sabalzagaray,
y cada una de la s violaciones a los derechos humanos que hizoi posible aquella
dictadura que se instalo hace 40 años..
En esa y otras
sentencias, se resume para las generaciones futuras, la visión de un Poder del
Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de cada caso de
violación de los derechos humanos. Este aspecto que queríamos rescatar, nos
plantea un problema sobre el que será necesario reflexionar y tomar las
iniciativas que correspondan. El paso del tiempo y la inacción del sistema
judicial, lleva a que en algunos casos la acción penal y por consiguiente el
establecimiento de esa “verdad forense” se vea interrumpida por ausencia
(fallecimiento) de eventuales imputados. Salvo acciones judiciales en torno al
derecho a la verdad o la puesta en funcionamiento de verdaderas “Comisiones de
Verdad”, pueden sobre esas situaciones particulares, resolver este importante
aspecto.
Unas
reflexiones finales. Estudios sobre países que han atravesado situaciones
traumáticas como la que padeció nuestro país, demuestran que lego de pasadas
algunas generaciones, son nuestros hijos y nuestros nietos los que sienten la
necesidad imperiosa de saber sobre el pasado. Quizás eso sea así y eso explica
aparentes desinterés de algunos jóvenes de hoy por estos temas. Esa distancia
entre los hechos y esa necesidad de saber, es el desafio que hoy tenemos todos
para hacerlo lo más corto posible. No queremos para nuestros hijos y nuestros
nietos esa posibilidad de repetición de dictaduras como la que padecemos, que
haya justicia y verdad, es uno de los reaseguros para que ello no pase. Ese es
el Nunca Más.
Muchas
gracias.
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