URUGUAY: REINSTALACION DE LA IMPUNIDAD.
(Publicado en “Tiempo Argentino)
Decisiones, de la SCJ, ponen de manifiesto las
intrincadas tramas de intereses que juegan a perpetuar la impunidad. Con una de
ellas, la Dra. Mariana Mota, se sumó a una extensa lista de magistrados y fiscales,
a los que mediante variados mecanismos
sufrieron las represalias por haber intentando hacer justicia desafiando
las presiones desde las esferas del poder. Por otras, posteriores sentencias de inconstitucionalidad invalidaron
una ley aprobada para cumplir con una Sentencia de la Corte IDH. Son parte de
un mismo movimiento, que desanda un lento y demorado camino que el gobierno de
izquierda estaba recorriendo con muchas reticencias y vacilaciones. Mas obligado
por una condena de la Corte IDH, que por un cabal convencimiento del papel
determinante que tiene para una autentica
política de un gobierno progresista, la defensa y promoción de los dd.hh.
Que el Uruguay atendiera sus compromisos internacionales, era además de un
golpe a la impunidad, una reafirmación de una señal de identidad, muy necesario
para un gobierno atravesado por grandes debilidades ideológicas en se campo.
No pasó
desapercibido para la sociedad civil, que
no era solamente el alejamiento de una magistrada, sino una señal para el
sistema judicial, de cuales serían las consecuencias para quienes desafiaran la
lógica de impunidad. Era una vez más una práctica propia de un Estado feudal,
de apartar un juez, cuando las decisiones de este, no es funcional a la opinión
mayoritaria de la SCJ. La jueza Mota,
investigaba más de 50 causas de delitos de lesa humanidad, con solicitudes de procesamientos de altos jerarcas militares que
hasta hace muy poco conducían las fuerzas armadas.
La real posibilidad de avanzar realmente en un
proceso de verdad y justicia, esta radicada en la aplicación de las normas de
derecho internacional, que son las que dan fundamento a la sentencia de la
Corte IDH en el caso Gelman. Y eso es justamente lo que obtura la SCJ en sus
argumentaciones en las Sentencias de inconstitucionalidad.
Lo que esta en juego, no es si luego de estas sentencias
los fiscales o jueces toman la determinación de seguir investigando y aplicando
el derecho internacional; sino hasta donde la opinión de la mayoría de la SCJ,
los deja avanzar atendiendo los recursos de las defensas de los militares.
Los artículos declarados inconstitucionales, son los que
dicen que los delitos cometidos son de lesa humanidad y que no prescriben. La SCJ, esta indicando que no es para nuestro
país una obligación jurídica aplicar el derecho internacional, establecido en
la Convención americana u otros instrumentos internacionales. Ese
desconocimiento de los principios de derecho internacional, es quizás lo más
grave para el avance de las causas en el Uruguay y para el posicionamiento del Uruguay.
Ese desconocimiento de elementos básicos, sobre los que
se han dictado sentencias muy importantes para la consolidación de normas de
protección de los derechos humanos por parte de
la Corte IDH, pone en entredicho la posición del Estado uruguayo luego
que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo se asumiera el compromiso de acatar
la obligación de investigar y sancionar los delitos cometidos en la dictadura.
Lo que pueda ocurrir a futuro con las causas, si bien puede ser difícil
saberlo, es importante tener n cuenta, en que
probable marco jurídico se encuentran a partir de sas decisiones. Un
país donde el Poder Judicial no puede o no quiere desarrollar su función
garantista al verse impedido para desarrollar su función, de cumplimiento de los
derechos, de investigar aquellos delitos que vulneran los mismos, hace
imprescindible una acción desde la sociedad civil que active a nivel
internacional y nacional, definiciones que pongan freno al desconocimiento por
parte de la mayoría de la SCJ de las normas del derecho internacional.
Resumiendo, si no se logra torcer una concepción imperante en la mayoría de la
SCJ, de que no hay que cumplir con lo establecido en la Sentencia de la Corte
IDH, la impunidad habrá ganado esta batalla.
La izquierda de una vez por todas, debe tener una
inequívoca vocación de compromiso con
una cultura de los derechos humanos, democratizando el sistema judicial y
asegurando que las políticas del Estado en esta materia sean únicas, claras y
coherentes.
Raúl Olivera Alfaro
De la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT
Coordinador por el PIT/CNT del Observatorio Luz Ibarburu
de seguimiento de las denuncias penales de violaciones a los Derechos Humanos .
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