El papel de los trabajadores en la construcción de una cultura democrática

Publicado en Trabajo y Utopia.

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Los trabajadores han contado a partir de su condición de tales, con algunas ventajas y también dificultades para construir y mantener “su” cultura . Las formas en que se desarrolló la producción capitalista durante muchísimos años, permitió la existencia de “lugares comunes”, en el que trascurría más de la tercera parte de la vida de los hombres y las mujeres que vivían del esfuerzo de su trabajo: la fabrica, el taller, la oficina, la parcela de tierra, etc.
Instalar allí en ese mundo cargado y agobiado con las lógicas del mundo capitalista, una cultura de solidaridad, hermandad y fraternidad no fue una tarea fácil. Pero era una escuela, a la que con otros fines, los “alumnos” concurrían durante gran parte de su vida y donde la labor tesonera de militantes obreros avanzados realizaba su labor de difusores y propagandistas. Fue necesaria e imprescindible una persistente y prolongada acción de los portadores de la cultura “obrera”, para contrarrestar el individualismo, la competencia y la insolidaridad que imperaba dentro y fuera de los lugares de trabajo.
La constitución de los sindicatos para defender los problemas del llamado mundo de trabajo - en primera instancia muy ligados al ámbito de una fabrica -, fue la primera materialización de una batalla ganada por la “cultura obrera”. La construcción de las Federaciones de sindicatos y de la unidad de ellas en una Central o Convención, han sido pasos de gigante en el desarrollo de la cultura de los trabajadores.
Que esos avances han tenido sus efectos en otros niveles de la actividad social y política de los hombres y mujeres de nuestro país, es algo que esta fuera de discusión. Es impensable en nuestro país la construcción de la unidad política de la izquierda, sin ver y comprender en su justa dimensión, la unidad sindical que le precedió.
El superar el economicismo, el corporativismo y entender la importancia de levantar un Programa global para la sociedad desde las herramientas del movimiento sindical, es un paso gigante que dieron los trabajadores en nuestro país. Y es por esa razón que la fortaleza de una fuerza sindical, debe ser medida en función de la relación dialéctica entre la perentoria satisfacción de las reivindicaciones más inmediatas y los niveles de conciencia alcanzados por el instrumento sindical y los trabajadores en tanto ciudadanos, actores políticos en los procesos de cambio.
Sin embargo, la proyección política de los trabajadores y sus instrumentos de lucha - los sindicatos -, en cuanto actor político, hacen necesaria la existencia de un componente continuamente amenazado de tentaciones: la independencia de clase.
Ni el seguidismo a las políticas oficiales, ni desentenderse de los desafíos globales de la sociedad, son elementos que contribuyan al mayor desafío de nuestra sociedad: la profundización de la democracia.
Es en el escenario de más democracia, donde los trabajadores tienen mayores posibilidades de conquistar un mundo mejor, más justo, más solidario y con justicia social. Por esa razón el trabajar denodadamente para ser portadores de una cultura democrática y con ella actuar a nivel de la sociedad, es una práctica arraigada en la mayoría de las organizaciones sociales uruguayas.
Enmarcado en esa concepción, es explicable la lucha contra el autoritarismo militar, los cientos de vidas entregadas, la resistencia a la dictadura y la actual lucha contra la impunidad que hoy esta articulada con la campaña por la nulidad de la ley de caducidad.
Y no es de extrañar, que ese aspecto este presente a la hora en que hombres y mujeres en los ámbitos políticos, deban pronunciarse sobre esos temas.

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Una resiente decisión de la fuerza política en el gobierno relacionada con la lucha contra la impunidad mediante la nulidad de la ley de caducidad, pretendió ser presentada por alguna prensa, como una conducta de desafió a las fuerzas políticas electoralmente mayoritarias. Ningún medio, ningún politólogo aventuro siquiera, si esa conducta respondía o no a las convicciones democráticas arraigadas en nuestra sociedad, a una cultura democrática que necesita algo más que un simple calculo de la política partidaria de ocasión, para torcer su instinto democrático radical.
El llamamiento formulado por la Comisión por la declaración de nulidad de la ley de caducidad, expresa que “La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República”, pues es contra esa amenaza y por esos principios éticos, que la fuerza de gobierno decidió sumarse al esfuerzo originariamente iniciado por el movimiento sindical para anular la ley de caducidad. Es a eso y no a otra cosa que esta enfilado el desafió de aquella decisión.
Los politólogos que tratan de explicar las conductas políticas en nuestro país, deberían abocarse a analizar este fenómeno, donde las fuerzas que electoralmente hace tres años representaron los mayores caudales de votos, no sean representadas en la decisión del Plenario de la fuerza de gobierno.
Adelantamos, que cualquier evaluación que no incorpore el dato de que en el movimiento sindical existe una posición unánime coincidente con la resolución del Frente Amplio, es una opinión que no busca esclarecer, sino confundir. No hay en el Uruguay individuos que actúen a nivel de las organizaciones sociales – en este caso en el movimiento sindical -, y otros que actúen en los ámbitos políticos. Tampoco en el movimiento cooperativo, o de los jubilados o de los estudiantes.
Entonces - salvo que se pretenda concluir que en ninguna de esas organizaciones existen ámbitos democráticos donde se deciden los posicionamientos -, el haberse sumado esas organizaciones a la tarea de anular la ley de caducidad incluye buena parte del electorado de las fuerzas que se han mostrado poco o nada proclives a dicha anulación.
El ignorar ese dato, ayuda a una visión que tampoco busca aclarar sino confundir y que centra su análisis y conclusión en un cuestionamiento a la representatividad de las bases que fueron quienes pusieron en mayor caudal de votos para hacer efectiva la decisión del Plenario del Frente Amplio. Según esta visión hay un 50% de los integrantes del Plenario – la representación de las Bases, de la parte del Movimiento -, que no tiene una representatividad genuina.
Admitamos por un momento, que eso fuera cierto. No conocemos que ninguna de las organizaciones políticas no proclives a la nulidad de la ley de caducidad, haya convocado a sus votantes para que se pronuncie sobre ese tema. Es mas, la convocatoria de la Comisión por la Nulidad de la ley, les daría esa oportunidad, pues sus votantes anónimos y no consultados actualmente, tendrían la posibilidad democrática de pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener esa ley en nuestro ordenamiento legal interno y seguir desafiando los pronunciamientos de los organismos internacionales.
Frente a este razonamiento, no es de asombrarse que aparezca otro argumento nada innovador ya que se ha instalado como una verdad indiscutible: ya la fuerza política se pronuncio en el Congreso Héctor Rodríguez y la ciudadanía se pronuncio votando un programa que decía que se mantendría vigente la ley de caducidad y que su compromiso llegaba solamente al cumplimiento del articulo 4to de dicha ley. Y por ende modificar esa posición original seria traicionar la voluntad democráticamente expresada por los uruguayos en las ultimas elecciones.
Más allá de que desafiamos a cualquier persona que nos presente un documento de la fuerza política aprobado en el citado Congreso Héctor Rodríguez, que exprese que se mantendría la ley de caducidad. No existe.


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Nadie duda que este gobierno al interpretar la ley de Caducidad en términos tales que habilitan el juzgamiento de oficiales militares y policiales y sus cómplices civiles relacionado a algunos casos, ha dado pasos de siete leguas en la tarea de avanzar en el camino de la verdad y la justicia. Al abrir camino para que fueran investigadas y resueltas por el Poder Judicial algunas de las violaciones a los Derechos Humanos, el gobierno ha dado pasos sustantivos en el proceso democratizador. Es un logro republicano de enorme significación.
Sin embargo es necesario avanzar más. En eso esta el movimiento sindical, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y ahora formalmente lo está la fuerza política que obtuvo la mayoría de las voluntades ciudadanas en el último acto electoral.
El ya citado Congreso Héctor Rodríguez, lo único que pudo resolver logrando los votos necesarios para ello de acuerdo a sus Estatutos, es que el gobierno progresista adecuaría la legislación interna (ley de caducidad) a los compromisos adquiridos por el Uruguay ante la comunidad internacional (legislación internacional). Como bien lo evalúa el Dr. Javier Miranda – integrante de la organización de los familiares de desaparecido-, "la lectura actual" del gobierno de Tabaré Vázquez a los alcances de la Ley de Caducidad "es más acorde a los tratados internacionales firmados por Uruguay".
La profundización de la democracia, necesita de un pronunciamiento con relación a la ley de caducidad, que sea algo más que un acercamiento a lo que manda la legislación internacional. Necesita estar acorde a ellos, sin ninguna relativización.
Ni tampoco a una lectura de un gobierno de turno. De no ser así, la vigencia plena de los derechos humanos quedaría librada a la amenaza que días pasados dejara caer el diputado García Pintos: “abran los ojos los responsables de esta cacería de orientales, porque no deben olvidar que la tierra es redonda y rota sobre su eje, pasando muy seguido por el mismo lado”. Los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo uruguayo saben lo que paso cuando el país pasó por el “lado” que aspira García Pintos: crímenes, desapariciones, torturas, pérdida de elementales derechos ciudadanos y gobiernos que en democracia trabajaron para mantener impunes esos delitos.

Raúl Olivera Alfaro.
19/4/08

HELIOS SERRA SILVEIRA

Publicado en T y Utopia abril 2008.

Los antropólogos que integran el Equipo de Antropología Forense de Argentina, en estos últimos días culmino con la identificación en una tumba NN de la provincia de Buenos Aires del cuerpo del ciudadano uruguayo Helios Serra Silveira, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires el 27 de junio de 1978.
Los restos que finalmente se concluyeron que pertenecían a Helios Serra, habían sido encontrados en la playa de Pinamar el 16 de diciembre de 1978 y habían sido inhumados como NN en un cementerio de la Argentina ese año.
De esta manera se concluye, para este caso, un capítulo de los más trágicos que vivieron cientos de ciudadanos uruguayos refugiados en el vecino país. Otros aspectos continúan reclamando la acción efectiva de los Estados, para satisfacer las obligaciones que ellos tienen con relación a los crímenes de las dictadura: toda la verdad y el enjuiciamiento a los responsables.
Cuando se produce su secuestro y desaparición, Helios Serra, cursaba estudios de francés en la Alianza Francesa y trabajaba en tareas de contaduría en el Hogar Obrero, sólo tenía 23 años. Los cumplía el mismo día en que su cuerpo fue arrojado por las aguas en una playa de Pinamar.
En Uruguay Helios militó en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER). En esa agrupación estudiantil, fue un activo participé de las luchas contra la Intervención de la enseñanza y la Ley de Enseñanza, así como las grandes jornadas reivindicativas estudiantiles que precedieron a la dictadura. Una vez que la dictadura se instalo el 27 de junio de 1973, participó activamente en la huelga general. En setiembre de 1974 es detenido portando volantes de oposición a la dictadura, pero es liberado y opta por trasladarse a Buenos Aires en donde se vincula a grupos argentinos.
En una semblanza de Helios y su generación, se expresa: “Corrían aciagos días en Buenos Aires. Lo eran de papelitos picados en las calles y de pegotines distribuidos por la misma policía: “LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS”. Se acababa de ganar el mundial de fútbol y los pulgares en alto de Videla señalaban el mejor momento, en cuanto a imagen, de la dictadura argentina. Eran momentos de contraofensiva para el discurso oficial: las revistas “PARA TI” y otras de su laya, organizaban campañas de envío de cartas al exterior “explicando” el error que se cometía al imputar a la Argentina semejantes cosas”.
A la casa de los padres de Helios Serra, llegaron luego del secuestro, quienes se identificaron como integrantes de los servicios de seguridad admitiendo que ellos lo habían detenido.
Helios había sido secuestrado en la calle Santa Fé y Riobamba, de Buenos Aires por un Grupo de Tareas dirigida por Julio Héctor Simón, el “Turco Julián”, un conocido represor argentino, que actuaba bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército Argentino.
Varios testimonios recogidos dan cuenta de que estuvo prisionero en el Centro Clandestino de Detención conocido como "El Banco", desde donde posteriormente habría sido trasladado a "El Olimpo", en donde permaneció hasta los primeros días de diciembre de 1978, cuando fue arrojado al Río de la Plata en un vuelo de la muerte.
Este caso, esta comprendido en las investigaciones que lleva a cabo en la Argentina el Juez federal Daniel Rafecas, y en las cuales fue procesado y encarcelado el grupo de represores que encabezaba Julio Héctor Simón.

LOS HECHOS.
El 2 de febrero de 1984, desde Estocolmo Roberto Ramírez, respondiendo a una solicitud de información que le fuera formulada por Ariel, el Hermano de Helios Serra, da cuenta de los siguientes hechos.
Que el día 27 de junio de 1978 había sido secuestrado en la vía publica y trasladado al campo clandestino de detención de “El Olimpo”. Que en dicho operativo había sido también secuestrado Helios Serra. Que ese día, ambos y una persona de un grupo de Córdoba llamada “Juan” debían encontrarse a las 20 horas en la calle Santa Fé entre Río Bamba y Avenida Callao. ”Harían unos 5 o 6 días de mi desaparición, relata Roberto Ramírez, “cuando fui llevado al lugar donde se torturaba con energía eléctrica (“quirófano”). Entonces, su hermano Helios ya se encontraba allí, amarrado a una plancha metálica, con el cuerpo desnudo. Fui desnudado también y colocado en una camilla al lado de la plancha donde estaba su hermano. Conectados en un mismo circuito a un dispositivo automático, recibimos los dos descargas eléctricas por varias horas”.
Mas adelante, sigue relatando Ramírez, “en el mes de agosto de ese mismo año las fuerzas militares trasladan “El Banco” a otro campo denominado “El Olimpo”. Allí vi a su hermano en varias oportunidades, hasta el mes de diciembre de 1978 (…) en que su hermano fue trasladado junto con otros desaparecidos. Desde entonces nunca más supe de ellos”.
Al referirse a la situación de Helios durante esa convivencia en los centros de tortura de la dictadura argentina, Ramírez recuerda: “(…) me pareció anímicamente fuerte, dentro de lo que uno podía estar en esas circunstancias. Su estado físico mostraba los efectos de la tortura y las condiciones imperantes (...) en sus relaciones con el resto de los desaparecidos mostró siempre una gran entereza y corrección. Yo guardo un buen recuerdo de Helios, en horas de pruebas como fueron aquellas”. Sobre este mismo aspecto, el testimonio de Oscar Alfredo González, dice: “(…) su moral era muy alta y que mantuvo un comportamiento muy noble y una dignidad que muchos hubiéramos querido haber sabido tener. Muchos de los que hoy estamos vivos, incluso con mucha experiencia política no tuvimos ni a la altura de los zapatos de una persona como Rolo (…)”. Otro testimonio, el Cid de la Paz, confirma el juicio de Gonzalez: “ (…)con su conducta demostró tener una altura moral y congruencia con la misma que muchos hubiéramos deseado poseer”.
Sobre el “traslado” de Helios, que era la forma de denominar los “vuelos de la muerte” ese mismo testimonio establece: “(…)los llevaron con los ojos fuertemente vendados y que antes de salir le pusieron una inyección (…) se trataba de PEN-NAVAL”.
Otro testimonio, en este caso de Horacio Cid de la Paz, relata el traslado expresando: (…) recuerdo perfectamente que los compañeros fueron sacados al patio formando una fila con los ojos firmemente vendados (…) frente al camión, luego se les iba aplicando la citada inyección e introduciéndolos ya en el camión. Esto se habría realizado con gran calma por parte de los compañeros. Desconozco que fue lo que se les dijo para lograr esa tranquilidad”. Continua Cid de la Paz: “Sé, porque lo vi, que en casos anteriores, sobre todo en los “traslados” realizados desde “El Banco”, en donde por su falta de espacio los compañeros que iban a ser llevados en el mismo eran formados dentro de la zona de celdas, que se les decía que iban a ser llevados en avión de cabotaje, por lo tanto en situación incómoda, a un sitio de detención lejano en el interior del país, y que, por esa razón, para evitar inconvenientes, se les iba a suministrar un fuerte calmante,. Si fue realmente su traslado final, si fueron o no tirados al mar o llevados a la ESMA es algo que con certeza sólo saben los ejecutores de tan grande crímen”.
Sobre los responsables de esos dos campos de detención, Oscar Gonzalez identifica al Mayor Minicuchi, el General Suárez Mason, los Coroneles Roberto Rowaldes y Ferro. El resto del personal que operaba desde estos campos pertenecía a distintas fuerzas de la represión argentina, entre ellos a la Policía Federal, a la Gendarmería y al Servicio Penitenciario.
En el trabajo que citamos más arriba, también se dice: “Es en este momento de ofrecer testimonio, que surge la doble dificultad de sustraerse del dolor por el compañero que nace, muere y vuelve a renacer todos los días, en la imagen detenida en el tiempo; y por otro lado, condensar en pocas palabras la pasión de vida de un luchador social al cual importa restituirle su identidad para comprender porqué fue “blanco operativo” de los sicarios”.
En ese mismo periodo, Helios Serra compartió en ese mismo lugar el destino de otros tres uruguayos: Raúl Olivera Cancela, Edison Cantero Freire y Fernando Díaz de Cárdenas también desaparecidos.

UNA REFLEXIÓN FINAL.
Rafael Videla, el Mayor Minicuchi, el General Suarez Mason, el Coronel Roberto Rowaldes y el propio “Turco Julián”, que orquestaron este plan siniestro que costó más de 30 mil desaparecidos, aun están vivos o murieron de la misma forma que termina su ciclo vital todo ser humano. Si así no hubiera sido, cabe en algún razonamiento noble y justo, incorporarlos junto a Helios Serra como victimas de la misma categoría.
Es cierto que para la madre de Videla, de Gavazzo, de Cordero, o de Helios Serra, la muerte de sus hijos puede ser de un dolor comparable. Pero el Estado, no puede ni debe razonar así.
Por esa y otras razones, rechazamos firme y enfáticamente la versión maniquea de la historia implícita en el proyecto del Poder Ejecutivo de reparación indiscriminada de victimas del terrorismo de Estado y ejecutores de ese mismo terrorismo.

Raúl Olivera Alfaro
Secretaria DD.HH y Políticas Sociales IT/CNT.

MACARENA

Publicado en Trabajo y Utopía Nº 76, Semanario Brecha, Semanario Arequita y Revista INTERNOS marzo 2008.

En estas ultimas semanas, la imagen y las palabras de Macarena Gelman, se han constituido en un preciado botín periodístico. Las cámaras fotográficas o de televisión, han intentado captar en las imágenes que se congelan en el papel, o que pasan fugazmente por las pantallas del televisor, lo que no es fácil registrar y encontrar.
Por otro lado, o junto con ese intento, los micrófonos esperan recoger en sus palabras alguna clave escondida que le dé cierta originalidad a la verbalización de una de las dimensiones del drama que padece la sociedad uruguaya.
En el pasado más reciente, una parte importante de nuestra sociedad, no quiso saber de su existencia. Negó cien veces el drama, y finalmente el Estado pergeñó mecanismos para que no existiera. Y cuando pese a todo irrumpió, ese mismo mecanismo que antaño le negó la existencia, decretó que debía admitirse amputado. Fue entonces “la verdad posible” y la “caducidad”.
Una periodista, quiso saber si se había afectado la rutina de vida de Macarena ante esa irrupción en los medios de prensa. Macarena, -entre risas- , respondió que su rutina estaba destruida. Mientras ella intenta, como Penélope, (reconstruir) tejer, una rutina en la que seguir viviendo, quienes consumen sus imágenes o sus palabras en los medios de prensa, realizan el intento, vano, de imaginar lo inimaginable.
La imagen de Macarena en los medios estuvo, prácticamente, ausente durante casi 8 años, no así su historia que se sumo a otras tantas historias del mismo signo perverso: el del terrorismo de Estado. En esos años intentó, al igual que en otros casos similares, pero nunca iguales, acoplar dos mundos, dos historias en un solo cuerpo.
Seguramente en esos casi 8 años, sus rutinas de vida debieron ser reconstruidas una y cien veces. Pero esas reconstrucciones, casi, que ocurrieron en el anonimato. No tuvo que rendir cuentas de ella, y salvo con contadas personas, no debió verbalizarlas.
Una amiga, cuando le pedí que me aclarara una respuesta, me respondió que “el que aclara oscurece”. Debí aceptar que había algo de verdad en esa máxima, que no constituía una forma de eludir una respuesta. Un gran defecto tienen las palabras, cuando les atribuimos ser el único medio de entendernos y explicarnos. Casi siempre terminamos percibiendo que nos quedamos en el medio de la explicación y muy lejos de que nos entiendan.
Cuando hace un tiempo aparecieron en predios militares los restos de dos desparecidos, desde su silencio, esos huesos nos hablaron con mayor elocuencia que cualquier discurso.
La no aparición de los restos de Maria Claudia - la madre biológica de Macarena-, también nos habla y nos interpela.
A Macarena le hemos sumado graciosamente a lo que ella aceptó llamar la destrucción de su rutina, el tener que explicarla. Pienso que en ese caso, lo más acertado hubiera sido haber dejado a sus ojos y a sus gestos, dar las explicaciones, con su peso de silencio. Porque su historia, ésta que se construye con trozos inconexos, es una historia cargada aun de silencios.
Según Saramago: “de lo feo y de lo hermoso, de la verdad y la mentira, de lo que se confiesa y de lo que se esconde, construimos toda nuestra azarosa existencia”. Hay demasiadas cosas feas, demasiadas mentiras, demasiadas cosas ocultas en nuestra sociedad que merecen ser sustituidas por lo hermoso que es la Justicia, por Verdades sin limitaciones.
Si los seres humanos, somos esa complicada máquina en la que los mecanismos de nuestro presente se enredan con los del pasado, seguramente resulte difícil imaginar en su verdadera magnitud, que hay momentos en que a cada una de las victimas inocentes de ese mecanismo inimaginablemente, perverso, del terrorismo de Estado, siente que la vida se les cae encima y eso seguramente les produce perplejidad, confusión y súbitamente los pone amputados de futuro.
Es cierto que cuando queremos aclarar algo, siempre nos enfrentamos a una operación relacionada con el pasado. El inefable ex Presidente Julio Maria Sanguinetti y sus seguidores, nos recuerdan un día si y otro también, que no es bueno mirar el pasado. Pero a veces, la memoria -ese vehículo implacable con el pasado -, por caminos que no podemos explicar nos trae al presente imágenes, palabras.
Algunos aconsejan hacer como las serpientes, que dejan la piel cuando al crecer ya no caben en ella. Si la piel de esta democracia es la impunidad, es ya hora de dejarla pues la vida es breve, y en ella cabe mucho más de lo que hoy tenemos o que nos quisieron hacer creer que éramos capaces de vivir.
Sucede también, que algunas veces la palabra Justicia, es como una luz que nos hace viajar en el tiempo, viajar para atrás, hacia otra hora, otro paisaje, otro lugar que, generosamente, alguna vez nos pareció colmado de promesas. Nuestra sociedad bien puede estar sintiendo una suerte de remordimiento de no haber sido, o quizás haber sido menos de lo que a nosotros mismos nos debíamos, cuando en 1989 no tuvo el coraje de contradecir el discurso del miedo sobre el que encaramo la política de impunidad en nuestro país.
También las sociedades construyen sus rutinas de vida y no siempre el destruir esas rutinas cuando son injustas, nos lastima. La rutina de la impunidad, de la mentira y de la no verdad, no la merecemos. Que así sea.
Raúl Olivera
6/3/08

Las relaciones entre el sitema judicial y el sistema político.

Publicado en Trabajo y Utopía

Quienes desde la ciencia política analizan las relaciones entre el sistema político y el sistema judicial, han detectado ciertas dificultades desde el Poder Judicial, para adecuarse a los cambios que se estaban operando e nivel del sistema político con el advenimiento de la izquierda al gobierno. También se señala que esas dificultades se incrementan por ciertas dificultades para comunicar sus políticas y por dar señales contradictorias en materia de derechos humanos, por parte del Poder Ejecutivo.
Con relación a la forma en que el Estado en su conjunto encara las violaciones de los derechos humanos durante el pasado dictatorial, la presencia hasta ahora determinante de la ley de caducidad en ese escenario ha creado un espacio “bastardo” donde las mentadas independencias de esos dos poderes en cuestión, se entrecruzan peligrosamente. Y para colmo, en ese escenario de impunidad, el ciudadano esta amenazado – muchas veces-, de una cierta indefensión.
Oscar Sarlo en “ENCRUCIJADA POLÍTICA 2009. GOBIERNO, ACTORES POLÍTICOS EN EL URUGUAY 2007-2008” del Instituto de Ciencia política, establece que los argumentos en que se fundan las decisiones judiciales juegan “un papel político muy relevante, ya sea porque permite legitimar moralmente decisiones muy relevantes, ya porque permite despolitizar tensiones muy peligrosas para el sistema político. De ahí- continua Sarlo-, que la calidad argumental de los fallos judiciales esté directamente asociada con la calidad constitucional de un país”.
Recientemente la Fiscal Mirta Guianze emitió un dictamen a partir del cual concluye que Juan Carlos Blanco debe ser condenado a 20 años de penitenciaría por el delito de desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros. El ex canciller, ha gozado y padecido de varios privilegios: fue el primer civil procesado por crímenes cometidos por la dictadura; fue seguramente el primer coautor de homicidio especialmente agravado, procesado que pudo esperar el resultado final de su causa, en libertad; y será seguramente, el primer integrante de la dictadura condenado por sus crímenes.
Las casi 70 carillas en el que se fundamenta el pedido de condena, es sin duda de esa calidad argumental de la que hablaba Oscar Sarlo. Es por esa razón, que nos detendremos en algunos aspectos del mismo, ya que como sostiene Sarlo, “cualquier decisión judicial, tiene un margen de opción política (en sentido amplio), ello no quita que deba manejarse técnicamente (…) el trabajo técnico “consiste en motivar adecuadamente sus fallos, elaborando argumentos de alta calidad que resulten convincentes, sea cual fuere el resultado”.

SOBRE LA MUERTE DE ELENA.
Recordemos que la Comisión para la Paz sobre el asesinato de Elena había afirmado que ocurrió en una unidad militar no precisada, por un disparo de arma de fuego, y que fue enterrada en el Batallón de Infantería No.14, y luego fueron cremados sus restos y arrojados al Río de la Plata. Ahora, el dictamen fiscal sostiene que nada de eso “pudo ser confirmada, antes bien, resultó en parte desmentida. Por consecuencia, entiendo en esta instancia que la prueba aportada por la COMIPAZ no reúne las condiciones necesarias para fundar en ella este dictamen acusatorio”.

SOBRE LAS ACTUACIONES DEL JUEZ ALEJANDRO RECAREY.
Recordemos también, que este magistrado tomo medidas cautelares y recibió declaraciones a testigos, que posteriormente fueron anuladas por un Tribunal de Apelaciones a instancias del Gobierno de Batlle. La fiscalía solicito que se las validara y se las volviera a incorporar al expediente, lo que fue aceptado y pueden tenerse en cuenta.

SOBRE LA BUSQUEDA DE LOS RESTOS DE LOS DESAPARECIDOS.
La fiscalía sostiene que: “Los testimonios que tendieron a identificar sitios de probables enterramientos tienen un valor relativo en cuanto no se ha mantenido un control sistemático de las excavaciones por parte del Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo el receptor de información y el supervisor del GIAF”(Grupo de Investigación de Arqueólogos Forenses).
Desde que los familiares como organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos comenzaron a realizar denuncias públicas “Las respuestas del gobierno de Uruguay siempre fueron negativas, no admitieron las operaciones en Argentina, ni en otros países, ni las detenciones – desapariciones y aún brindaron reiteradamente informes en los que se falseaban los hechos”.

SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN PARA LA PAZ.
El escrito de Guianze luego de dar cuenta que en mayo del 2003 Carlos Ramela declaró ante el juzgado al mismo tiempo que agregaba el Anexo correspondiente a Elena Quinteros, expresa que: “La deposición de RAMELA tuvo por cierto el secuestro, el confinamiento y la tortura en las condiciones que surgían ya de autos. Dispuso, para aseverarlo, del “testimonio de múltiples fuentes policiales y militares”. También admitió que entre sus informantes había “fuentes militares que reconocieron expresamente haber participado en ese operativo”. (…) Los testigos que la COMIPAZ entrevistó, y cuya identidad no pudo conocerse no era “de personas ajenas a la historia de los episodios de la época, muchas veces protagonistas en términos generales de los sucesos que estamos hablando, no por un problema de rango sino por intervención efectiva”. No obstante, el punto específico del traslado del cuerpo a Toledo no es preciso aunque de acuerdo a la información que tenían “los restos fueron centralizados en el Batallón 14 de Toledo” que creía recordar era un campo bastante extenso y “en la jerga militar se le denomina Arlington”.
Al referirse al otro integrante de la COPAZ, Gonzalo Fernández, el dictamen expresa que Fernández “avaló las versiones recibidas de militares y que RAMELA había dado: “se nos informó que todas las personas muertas en dependencias militares cualquiera fueren éstas fueron sepultadas en el predio del 14 lindero o lindante con la ruta que lo atraviesa y que los militares identificaban como mordacidad como “Arlington” en alusión al conocido cementerio militar norteamericano”.”Nosotros sabemos que (…) todos fueron a “Arlington” al predio de ese batallón, hasta donde yo creo quienes permanecían sepultados en el 14 fueron removidos sus restos en el marco de la llamada operación zanahoria en el año 1984”. No obstante, lo que FERNÁNDEZ señaló en noviembre de 2003 “como indicios objetivos y bastante significativos a mi modesto entender de que ella se realizó” (aludiendo obviamente a la llamada “operación zanahoria”), no encuentran ahora sustento en la información obtenida. Dijo así “1) El hallazgo de la fosa abierta donde había estado sepultado Gelós Bonilla por parte de particulares en Maldonado”. El GIAF exploró esos datos sobre el presunto enterramiento de Gelós Bonilla y puede descartarse esa información. Como punto 2) afirmó FERNÁNDEZ: “La desaparición de la tumba de Gomensoro Hosman en el Cementerio de Paso de los Toros y la ubicación de una nueva sepultura de un niño exactamente en el mismo lugar”. Esos datos tampoco resultaron certeros. La tumba de Gomensoro Josman no había sido nunca excavada entonces. Su cráneo fue hallado en poder de un médico que había practicado la autopsia en la época de la aparición del cuerpo en la Represa de Rincón del Bonete. Los puntos 3) y 4) refieren a versiones de conversaciones mantenidas entre militares, que no están identificados y tampoco se dio razón de cómo llegaron a conocimiento del declarante. Por testimonios directos obtenidos en otros expedientes (que no pueden traerse aquí) y declaraciones en prensa, los militares sindican como ejecutor de la operación zanahoria a ALFREDO LAMY SATRIANI, fallecido.
En esa época, (14 de mayo de 2003), entendí que esa información dada por la COMIPAZ, era enteramente fiable y se presentaba entonces como la “verdad posible”, conclusión justificable a esa altura del procedimiento”.
Más adelante, continua afirmando que: “Pues bien, no sólo no pudo avanzarse en la investigación del hecho histórico que nos ocupa sino que, conociendo ahora que las “fuentes” militares no proporcionaron información fidedigna sobre el destino final de los detenidos – desaparecidos, para la Fiscalía esa “verdad posible” se ha convertido en la incontestable incertidumbre que caracteriza precisamente a la desaparición forzada.
Como ejemplo de la falta de veracidad de los datos recabados se registra, por ejemplo que la COMIPAZ consideró confirmado que los restos de FERNANDO MIRANDA habrían sido primero sepultados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. Los restos de UBAGESNER CHAVEZ SOSA, estando a ese informe, habrían sido primero enterrados en un lugar no especificado y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. Recuérdese que el informe final de la COMIPAZ incluyó fotos del lugar de la costa desde donde se habrían arrojado al agua.
Las CONCLUSIONES del GIAF sobre los trabajos arqueológicos realizados en el Batallón No. 14 (lugar que se señaló como enterramiento de ELENA QUINTEROS) son terminantes (Tomo V de Investigación, pág. 103) “Con la información suministrada no se realizaron hallazgos de restos humanos”.
“La Comisión para la Paz, cuyo informe fue emitido el 10 de abril de 2003 recopiló, bajo un especial régimen de reserva, informaciones de militares que sólo parcialmente resultaron ser ciertas. Significó un importantísimo avance en cuanto al propio reconocimiento de centros clandestinos de detención, de detenidos desaparecidos, de la coordinación represiva con otros países del Cono Sur, de enterramientos también clandestinos. No pudo saberse, sin embargo, quienes eran esos informantes, fue imposible ahondar judicialmente sobre los puntos más importantes a esclarecer y el paradero de los posibles restos no tuvo respuesta válida. Es así que, como ya fuera señalado, cotejando lo que surge del informe antedicho con la ubicación de los dos esqueletos hallados, (Miranda y Chaves), se advierte que los datos de la Fuerzas Armadas no eran verdaderos”.

SOBRE LA COLABORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.
“A lo largo de todas las investigaciones, se advierte sin esfuerzo que el propósito de los autores de los ilícitos, es ocultar o destruir las pruebas sobre la desaparición para mantener el crimen en la impunidad. Ese pacto de silencio se prolonga al presente”.
“Lo mismo puede decirse de la tan mentada “operación zanahoria”, sobre la que no se obtuvieron evidencias científicas. Es así que cobra verosimilitud la hipótesis del General Oscar Pereira de que se trató en realidad de una operación de contrainteligencia, destinada en fin a provocar el desaliento y el abandono de la búsqueda. También hay que resaltar los “olvidos” cuando no la negativa cerrada a informar sobre la identidad de los informantes, sin motivo jurídicamente valedero. De igual manera las declaraciones públicas (y en expediente) de Gilberto VAZQUEZ sobre la inhumación de unos treinta cuerpos y su quema con combustible en “tanques de doscientos litros”. Todos muertos en Unidades Militares porque allí se interrogaba con métodos duros. Las flagrantes contradicciones sobre los lugares de enterramiento y exhumación, los métodos, las personas que lo realizaron”.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE BLANCO.
“He consignado en forma reiterada que Juan Carlos BLANCO integraba la estructura de poder que la dictadura cívico – militar instauró, era miembro nato del COSENA y tenía injerencia sus decisiones.
La actuación de BLANCO, considerada en función de su elevada condición como funcionario estatal, permite tener por cierto que aseguró el marco institucional de actuación de las fuerzas represivas en las dos orillas del Río de la Plata. El Ministerio bajo su dirección dispuso la estrategia destinada, no sólo a mediatizar las denuncias de desaparición forzada de compatriotas, sino también a difundir por el mundo versiones falsas que encubrieran los hechos acaecidos”.

EL PROCESAMIENTO DE GREGORIO ALVAREZ: OTRAS DIMENSIONES DE LA RESOLUCION JUDICIAL.

Publicado en Trabajo y Utopia Nº 75

El procesamiento y encarcelamiento de fines del año pasado del ex dictador, por su responsabilidad en el traslado clandestino de ciudadanos uruguayos opositores a la dictadura secuestrados en Argentina, su ejecución y ocultamiento hasta hoy de sus cuerpos, constituyó un digno cierre de un año y de una etapa en la lucha contra la impunidad.
Algunas de las dimensiones más sobresalientes de ese acontecimiento, tendieron a opacar otras no menos importantes y fundamentales, que analizaremos a continuación.
* * *
La Constitución establece la existencia de tres Poderes independientes. Sin embargo, el Juez a cargo de la denuncia contra Gregorio Álvarez, debió según lo establece la ley de caducidad, pedir autorización a Poder Ejecutivo para poder disponer la investigación. Cierto es, que a partir del innovador criterio asumido por el gobierno actual, se autorizó la investigación al considerar que el caso no estaba comprendido en la ley de caducidad.
No es aventurado pensar, que de haberse realizado esa consulta durante los anteriores gobiernos, la respuesta habría sido diametralmente distinta y se habría inhabilitado la actuación del Juez .
Dos graves conclusiones que afectan la vida democrática: Una, que la ley de caducidad sigue vulnerando la independencia del Poder Judicial; y dos, que expone al derecho humano de las personas a reclamar ante la Justicia, al arbitrio de la voluntad del gobernante de turno.
Suponíamos que cuando nos convocaban a expresarnos electoralmente para elegir a un gobierno, no estaba en juego que el derecho a la justicia también dependía de la cambiante voluntad ciudadana. No es sano para la vida democrática y por ende para un verdadero estado de derecho, que a la hora de expresar su voluntad electoral, el ciudadano lo haga en función de la forma en que cada propuesta electoral prometa que interpretará la Ley.
Por esa razón en el Uruguay, nos pronunciamos electoralmente para elegir un Presidente y Parlamentarios y no integrantes del Poder Judicial.
La ley de caducidad, produce esta “anormalidad” democrática, que no debería pasar desapercibida por el Poder Legislativo que tiene entre sus cometidos la protección de todos los derechos individuales y de interpretar la Constitución.
Lograda la autorización del Ejecutivo y luego de obtener de acuerdo a lo establecido por los procedimientos del debido Proceso, el visto bueno de la Fiscal, el Juez recibe los testimonios de los denunciantes, testigos y denunciados.
Es ahí entonces, que, a partir de que la Justicia puede actuar, hechos durante muchos años sostenidos únicamente desde el campo de las víctimas, es admitido como real por el Estado y es hecho público.
¿Cuáles hechos? Que durante la dictadura, la coordinación de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur - Plan Cóndor- llevó a cabo el seguimiento, vigilancia, detención, torturo, traslado ilegalmente, desapareció y ejecutó a personas opositoras o contrarias al pensamiento político o ideológico de las dictaduras. Que en 1977 y 78, los servicios de la dictadura uruguaya, con la supervisión de sus mandos, practicaron en Argentina secuestros de uruguayos, los trasladaron a Centros de Detención Clandestinos, y se los torturo. Que similar situación se dio con ciudadanos argentinos secuestrados en Uruguay y posteriormente trasladados ilegalmente a la Argentina.
“En suma – concluye el Juez -, el nivel de relacionamiento entre los países y la documentación glosada en autos, lleva a concluir en la participación de los máximos estamentos del Poder de cada uno de los Estados, al extremo que la mencionada coordinación regional formaba parte de la política estatal uruguaya, al igual que de los restantes países referidos”.
Hay una conclusión que no puede omitirse sobre estas afirmaciones a las que arriba el Estado a través de uno de sus Poderes, sobre lo que fue una “política Estatal”. El Estado dictatorial se transformó en una organización criminal y posteriormente hasta hace muy poco, el Estado democrático operó como cómplice del Estado dictatorial, amparando a los responsables de tales conductas y ocultando los hechos.
Según el Juez, la Comisión para la Paz confirmó la desaparición de una de las victimas denunciadas, y que luego es recluido en dos Centros clandestinos “para ser interrogado por militares uruguayos y que habría sido trasladado ilegalmente a Uruguay en el mes de mayo de 1978”. Igual situación se consigna con relación a un traslado a Uruguay de otras cuatro victimas . Sin embargo, el Informe que hizo público la Comisión para la Paz no registra esa afirmación de traslados ilegales a Uruguay que trascribe textualmente el auto de procesamiento.
Es cierto que la Comisión para la Paz, estableció tres niveles de información: una que fue pública (Informe Final); otra reservada a los familiares de las victimas (Nexo 2); y una tercera que ni siquiera era aportada ante las Sedes judiciales.
Sobre la información contenida en el Anexo II, el libro “A TODOS ELLOS” de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, da cuenta de los mismos y allí tampoco se maneja esa posibilidad.
¿Se trata de una información que efectivamente obraba en poder de la Comisión para la Paz y por ende del Estado y que se ocultó?
El Juez Charles se pronuncia sobre un aspecto que el movimiento sindical cuestionó, desde que la política del Estado pretendió establecer- a partir de la Comisión para la Paz-, quienes tienen derecho a la verdad.
Establece que el derecho-deber a saber, “no pertenece a personas individuales, ni siquiera a familias directamente afectadas, sino a la Sociedad en su conjunto”. Y afirma que “No se trata exclusivamente de un derecho a conocer, a buscar la verdad, como actividad humana, sino el deber de todos de recordar lo acontecido, como obligación ética”.
Apelando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, trascribe lo que sostiene dicha Corte: “En segundo lugar, la Comisión considera infringido el que llama derecho a la verdad y a la información debido al desinterés del Estado para esclarecer los hechos(…) el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho (…) a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento…”. “El derecho a la verdad, en última instancia, se impone también en señal de respeto a los muertos y a los vivos. El ocultamiento de los restos mortales de una persona desaparecida, en una flagrante falta de respeto a los mismos, amenaza romper el lazo espiritual que vincula los muertos a los vivos, y atenta contra la solidaridad que debe guiar los rumbos del género humano en su dimensión temporal”. “Dado que el Estado tiene el deber de hacer cesar las violaciones de los derechos humanos, la prevalencia del derecho a la verdad es esencial para el combate a la impunidad, y se encuentra ineluctablemente ligada a la propia realización de la justicia, y a la garantía de no repetición de aquellas violaciones”. “De lo dicho se desprende que el derecho a la verdad presenta al menos hasta hoy- un carácter colectivo y general, una especie de derecho difuso cuya efectividad debe beneficiar a la sociedad toda.- Sin embargo, este carácter difuso no impediría en determinadas circunstancias, como la de la desaparición forzada- que la pretensión a obtener la verdad sea reclamada por una persona o una familia”. “…el llamado derecho a la verdad acoge una exigencia legítima de la sociedad a saber lo sucedido, genérica o específicamente, en cierto periodo de la historia colectiva, regularmente una etapa dominada por el autoritarismo, en la que no funcionaron adecuada o suficientemente los canales de conocimiento, información y reacción característicos de la democracia”.
La simple lectura de estos aspectos en la sentencia, pone de manifiesto las complicidades del Estado democrático post-dictadura con los actos del Estado dictatorial, y sus responsabilidades penales.
Por si ese aspecto no quedara claro, el Juez trascribe parte de la Convención Interamericana, que entre los elementos que configuran el delito de desaparición forzada, se incluye a “la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobra el paradero de la persona…”.
Otro aspecto, es el referido a los delitos que con la Ley de Caducidad, corren riesgo de quedar impunes.
La Sentencia expresa que “La ocurrencia de delitos- cada uno violando gran cantidad de derechos humanos- cometidos durante el gobierno de facto, en el marco del terrorismo de Estado y en forma sistemática, masiva, planificada, como la desaparición forzada, los homicidios, las torturas, las prohibiciones de derechos políticos, sociales y gremiales, la libertad de expresión, la violación a la libertad ambulatoria, etc., comprenden las prácticas que el derecho internacional considera “crímenes de lesa humanidad” ,crímenes imprescriptibles y cuyo juzgamiento es irrenunciable por todos los Estados”. Sobre los “Crímenes de lesa humanidad” expresa: ”… sus características esenciales (imprescriptibilidad, improcedencia de la amnistía, indulto, gracia, asilo político y refugio) se materializó en un principio de derecho internacional general (…) por el cual el castigo a los autores de crímenes contra la humanidad devino un imperativo universal”.
En lo que es también una respuesta a los argumentos con que los gobiernos uruguayos hacen oídos sordos a sus obligaciones de carácter internacional contrarias a la ley de caducidad, el Juez razona: “En tal sentido deberá tenerse presente que las referidas normas no están afectadas por ninguna limitación de índole geográfica o humana. Se trata de una norma de Derecho Internacional General, por lo cual es aplicable a todos los Estados…”. “Por el hecho de ser tales, aquellas obligan a todos los Estados de la comunidad internacional, y a los nacionales de dichos países, en razón de que ninguna disposición interna puede contradecirla válidamente, (…) su mera existencia importa imperatividad y universalidad”.
Sin ninguna duda, más allá del valor simbólico que tiene la prisión del ex dictador, el dictamen judicial supone un avance sustancial en la lucha contra la impunidad. Lucha, que no debe ser reducida a la materialización del castigo a algunos de los responsables. La impunidad, como ausencia o desconocimiento de Derechos, sufrió un duro revés tanto en la materialización de la prisión de estos personajes, como en el avance de nuestra jurisprudencia. El Juez Charles y la Fiscal Guianze, materializan en este caso, lo que el gobierno debió hacer a partir de lo que prometió a la ciudadanía: adecuar el derecho interno a las obligaciones del derecho internacional.
El esfuerzo en curso, por parte de la sociedad mediante la iniciativa de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, pretende materializar ese avance para que sea de carácter universal.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT.

HISTORIA Y PERSPECTIVA DEL MOVIMIENTO OBRERO

HISTORIA Y PERSPECTIVA DEL MOVIMIENTO OBRERO.
Por
Raúl Olivera Alfaro.
Esto que trasmitiremos, son solo algunos apuntes en torno a la historia y perspectiva del movimiento obrero. Empezaremos por referirnos al contexto en que se procesa la unidad del movimiento sindical
Referirnos a eso es muy importante. Es imprescindible para aquilatar adecuadamente las respuestas que se articularon ante el proceso de autoritarismo creciente de los años 60 y su instalación con el golpe de Estado.
Pretendemos que las mismas sean una contribución a las responsabilidades y los desafíos actuales.
En nuestro país, existió una hegemonía de la burguesía durante un extenso periodo de su historia, en lo político, lo económico y lo social, que era ejercido en forma pacifica.
Que esa hegemonía tuviera un carácter institucionalizado, con la existencia de un importante peso del estado de derecho y por tanto en la que la persuasión política ocupaba un papel importante y predominante, es una diferencia importante entre nuestra formación social y otras del contexto latinoamericano.
Hugo Cores sostenía que Uruguay era “un país con largas tradiciones de convivencia y de dominación pacíficas donde el predominio de los elementos ideológicos” era muy fuerte.
En ese contexto, el desarrollo de la reproducción capitalista y una avanzada legislación permitió contemplar muchas de las demandas reivindicativas de los trabajadores. Al mismo tiempo, eso era acompañado de un desarrollo importante en los sectores medios y avances importantes en las áreas de la educación pública, la salud, etc.
A esa situación se llega también, con una contribución fundamental del movimiento obrero liderado por anarquistas y marxistas. Ese proceso de democratización y avance social en lo económico, lo político, lo culturales y de los derechos civiles, fue el resultado de las luchas de los trabajadores y de círculos intelectuales portadores de ideas socialistas instaladas en el país.
La muerte lenta pero inexorable de “la Suiza de América” y con ello el avance del autoritarismo, son la consecuencia de la finalización de una inserción del Uruguay en el sistema capitalista mundial que nos había permitido a través de la exportación con buenos precios de la lana, la carne y los cueros, tener tasas sostenidas de crecimiento del producto bruto y del ingreso de los trabajadores.
La caída de los precios de esos productos en 1930, produce un estancamiento del sector agro-exportador. Muchos de, los capitales de ese sector se trasladan a la industria y producen en el país un ciclo relativamente importante de prosperidad durante la segunda guerra mundial y que dura hasta mediados de los 50. Allí, se nacionalizaron los ferrocarriles, las obras sanitarias del Estado, una parte de la industria frigorífica, se crea la ANCAP, etc.
En 1955 se inicia una crisis estructural muy profunda en América Latina. Estancamiento de la producción, disminución del producto per cápita, comienzo del deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Eso, en nuestro país, a diferencia de lo que ocurrió en países vecinos, no tiene consecuencias políticas inmediatas. En Brasil origino el suicidio del presidente de la república y en la Argentina golpes militares.
El reordenamiento internacional, el avance de las transnacionales y del imperialismo, acentúan la concentración monopólica de la tierra, debilidad en la industria de sustitución de importaciones, etc. En ese escenario, en 1959 Uruguay firma la primera Carta de intención con el FMI dando comienza a un proceso de adaptación a las condiciones cada vez mas duras que le imponen los centros financieros internacionales.
La existencia en el Uruguay de una estructura del sistema político, en la que los partidos tradicionales tenían una base electoral policlasista y un sistema de reclute electoral basado en el clientelismo, determina que, pese a los dictados del FMI no se pudiese terminar – con la profundidad que le era exigido en las Cartas de Intención -, con la distribución de empleos; con el sistema de previsión social, ni con todas las conquistas obreras.
Esa crisis de carácter estructural tendrá un desarrollo lento pero inexorable y de larga duración que será el telón de fondo del proceso de endurecimiento del gobierno de Pacheco Areco y la dictadura militar terrorista que le siguió.
Esa crisis estructural tan profundidad, no pudo también de dejar de producir efectos interesantes en sectores de los partidos tradicionales. Entre ellos, las leyes de reforma agraria de Ferreira Aldunate, la ruptura con el FMI y ciertas medidas populares que se intentaron poner en práctica durante el gobierno de Gestido en 1967, impulsadas por Zelmar Michelini y Alba Roballo.
El fracaso de esos intentos de resolver la crisis desde los partidos tradicionales que no pretendían afectar de manera profunda las estructuras agrarias ni la hegemonía del capital financiero, ni terminar con la dependencia; por un lado reafirmaron el carácter radical y estructuralmente transformador que debía revestir el programa alternativo que se debía levantar para enfrentar esa crisis y por otro lado supuso el abandono posterior de las filas de los partidos tradicionales de importantes hombres.
Hugo Cores, decir, que el Uruguay capitalista en esos años, ya había dado todo lo que podía dar y que con ellos nos encontrabamos ante un dato estratégico básico para el análisis del programa y las líneas de acción de las fuerzas que se plantearan luchar por los cambios estructurales en el Uruguay.
Se acentúa el proceso lento y muy pausado de desplazamiento a la izquierda de sectores importantes de las capas medias; aumenta la sindicalización de los trabajadores públicos que con el agravamiento de la crisis se irán incorporando a la CNT.
Empieza a actuar el MLN y se desarrollan importantes movilizaciones de trabajadores rurales. La influencia de la revolución cubana y el desarrollo de movimientos guerrilleros en América Latina, son un dato importante a la hora de analizar ese periodo tan fermental de nuestro pasado reciente. Al decir de Hugo Cores, “la revolución cubana demostró que en América Latina era posible derrotar a un ejército oligárquico y tomar el poder. Significó un punto de referencia concreto a aspiraciones revolucionarias confusas y permitió reformular en otros términos la discusión entre las corrientes reformistas y revolucionarias que entonces existían en el país”.
La represión policial a los trabajadores rurales de UTAA, genera un movimiento importante de acercamiento entre esos trabajadores y la vertiente obrera en donde tenía mucho peso los comunistas pero que también integraban independientes, socialistas, anarco sindicalistas y cristianos. El impacto de la crisis y la respuesta represiva del gobierno, ayuda a limar asperezas entre las distintas tendencias dentro del movimiento sindical.
En ese periodo nosotros como una de esas tendencias teníamos fuerza en el gremio grafico donde Gerardo Gatti, era su secretario general; en DUNSA con Leon Duarte, en bancarios donde actuaba Hugo Cores y otros gremios. En general nuestra influencia se expresaba en los sindicatos autónomos muy impregnados de prejuicios antipolíticos y anticomunistas.
El paso que dieron nuestros compañeros al participar y ser activos impulsores del proceso de unificación del movimiento sindical para conformar una central nacional unificada en donde estarían los comunistas, causo escisiones en nuestras filas. Por esa decisión, Gerardo Gatti fue tildado de “anarco traidor”.
Ese proceso de unificación del movimiento obrero, implicaba aglutinar distintas centrales sindicales que respondían a distintas tendencias sindicales y a los y a los sindicatos autónomos, en donde radicaba nuestra fuerza y presencia.
En ese proceso, solo quedo al margen la Confederación Sindical del Uruguay, que con el correr del tiempo quedo totalmente desprestigiada.
La constitución de la CNT fue y es un hecho cuya importancia trasciende al movimiento sindical, porque es un componente de otro proceso de la unificación que necesitara aun más tiempo para madurar: el de la izquierda en el campo político.
La CNT nace en el 64 y se consolida orgánicamente en enero de 1966. Hugo Cores al referirse a este fenómeno decía: “El que dirigentes que habían estado durante tanto tiempo tan enfrentados hayan decidido constituir un instrumento sindical en común daba confianza a un sector enormemente importante: los autónomos, que practicaban un sindicalismo muy combativo, pero muy teñido de apoliticismo y de tendencias de carácter economicista”.
En 1965 están dadas las condiciones para el desarrollo de un plan de lucha de la CNT con que ésta empieza a pesar en la vida nacional. El movimiento sindical empieza a resistir las políticas de ajustes al mismo tiempo que desarrolla su programa alternativo que supera la lucha reivindicativa de los temas del mundo del trabajo.
Se estaba en la construcción de una propuesta nacional que se anticipaba en el tiempo a lo que iba a ser el Programa de 1971, la propuesta de la unificación de la izquierda en el Frente Amplio.
Esa propuesta nacional a partir de la defensa del salario y las fuentes de trabajo propone un “Programa de Soluciones a la Crisis”. A través de ese Programa, se plantea soluciones de carácter nacional, antioligárquico y antiimperialista, como la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la moratoria de la deuda externa, la defensa de la industria nacional, la defensa de los institutos de seguridad social, etc.
Lo que implicaba en el campo político, levantar un programa amplio, de carácter nacional, aglutinador de todas las demandas populares, era un aspecto, - debemos reconocer – que nosotros no percibimos con claridad lo importante que era. Ese fue un merito, fundamentalmente de los comunistas.
Ese proceso de unidad no estaba libre de duras polémicas sobre las líneas de acción de la CNT.
Nosotros le criticamos a la corriente de los comunistas, una conducción que aislaba algunos conflictos de enorme importancia nacional:El conflicto bancario y la huelga de UTE, la de la industria de la carne.
Hugo Cores al referirse a nuestra presencia en ese periodo de fines de los 60, decía que expresábamos “ la sobre vivencia de las ideas anarco sindicalistas con su énfasis puesto en la acción directa, la solidaridad, el carácter “finalista”, emancipador de la acción obrera, aquello que figura como lema de la Asociación Internacional de Trabajadores fundada por Marx de que “la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Éramos anarquistas con simpatías por la revolución cubana, atravesadas por la revolución cubana, digamos… Con bastantes confusiones, pero empezando a reformular la vieja idea de acción directa de los anarquistas a partir del pensamiento del Che, lo que en algún momento Gerardo Gatti sintetizó en la consigna “acción directa a todos los niveles”. Esto implicaba, no sólo estimular el desarrollo de formas de resistencia violenta por parte de las masas, sino también la necesidad de gestar una suerte de aparato capaz de incursionar en formas de acción más complejas”.
Nosotros, desde el punto de vista de nuestros objetivos estratégicos en pos de la libertad y el socialismo, visualizábamos formas insurrecciónales de asalto al poder. Nuestra acción sindical era funcional a una concepción de construir el poder popular a partir de una activa participación de amplios sectores de trabajadores, de sus destacamentos más experimentados y concientes.
En esos años, nuestros debates, nuestras polémicas con otros sectores de la izquierda, era a dos bandas. Con el reformismo y con el foquismo.
Al foquismo lo catalogábamos como un atajo cortoplacista frente a la trabajosa y lenta tarea de gestar en el seno del movimiento de masas los destacamentos revolucionarios.
Esa concepción que teníamos implicaba, como decía Hugo Cores, “la lucha ideológica con las ilusiones reformistas, algunas de ellas heredadas del periodo anterior como el compromiso batllista entre la burguesía industrial, la clase obrera y la pequeña burguesía y otras que reverdecían a nombre del marxismo como: la “excepcionalidad de la vía uruguaya”, las posibilidades de un tránsito al socialismo a la chilena, etc”.
Sosteníamos era irrealizable construir una auténtica alternativa revolucionaria sin derrotar las concepciones reformistas que prevalecían en el movimiento obrero.
Imbuidos de esos objetivos para nuestros militantes era un requisito ineludible estar insertos en el movimiento sindical y/o estudiantil, participar activamente en todas las tareas cotidianas de organización. Resumiendo teníamos una línea política de masas que tenia como norte el desenlace de un proceso revolucionario a largo plazo y en la que no había atajos.
Es importante destacar entre los Principios fundacionales de la CNT, la fuerte reivindicación de la autonomía de la clase obrera y sus reivindicaciones frente a los partidos y al estado. Otros de los aspectos que dinamizaron los debates en el seno del movimiento sindical, se refieren a la inconveniencia o no, de que la CNT tuviera dirigentes sindicales rentados y a algunos obstáculos para el ejercicio de formas más democráticas y participativas en la vida de los gremios.
En esos dos temas, sosteníamos la necesidad de que los dirigentes fueran trabajadores en actividad como un aspecto fundamental de la democracia sindical, y con relación a las formas democráticas y participativas de la actividad en los gremios, jerarquizábamos la importancia de las asambleas generales y las juntas o congresos de delegados, como forma de evitar que las decisiones quedaran confinadas a los limitados círculos de las comisiones directivas. Pese a que esos temas fueron propulsores de grandes fricciones con los comunistas, siempre se mantuvo la unidad orgánica del movimiento sindical.
Con el telón de fondo la revolución triunfante en la Cuba de Fidel Castro, la revolución cultural de Mao Tse Tung y la derrota del imperialismo en el Viet Nam de Ho Chi Min, el desafió era cómo desarrollar el potencial del movimiento obrero, que vivía un periodo de auge, fruto de la unidad y fruto de la crisis económica
Todo ese escenario producía un auge de las luchas y una mística revolucionaria muy fuerte que marco a toda esa generación de finales de la década de los 60.
Las controversias en el seno de la izquierda intentaban resolver los problemas que según sosteníamos nosotros, no nos ponían a la altura de las fuerzas que la sociedad estaba desencadenando y que habilitaban procesos de transformaciones revolucionarias.
A modo de ejemplo, nosotros escribimos en un material de la Agrupación ferroviaria “DIGNIDAD OBRERA” de la ROE: “no queda para el pueblo otra salida que el enfrentamiento sin vacilaciones, que por largo y duro, no se puede rehuir. Está en juego la supervivencia de las organizaciones sindicales, entendiendo a éstas no como el decorado al régimen (...) es un momento pues, en que la unidad plasmada en la cnt es puesta a prueba. No se trata de saber si la central obrera surgirá entera sin haber luchado. De lo que se trata es de que esa unidad sirva y fortalezca la lucha de todos (...) se trata de evitar el aislamiento de los que luchan y para eso la unidad”.
A partir de esa preocupación a fines de los anos 60 en el seno del movimiento sindical se fue gestando un movimiento que se denomino “Tendencia Combativa”.
Ese movimiento era algo limitado en sus definiciones político-sindicales, pero llego a aglutinar en su seno a militantes de distintas extracciones políticas pero que tenían como denominador común el ser portadores de planteos sindicales radicales, que se confrontaban con las posiciones sustentadas por la dirección mayoritaria de la CNT orientada por los comunistas.
La Tendencia será un activo dinamizador de las luchas populares en el periodo que precedió a la dictadura, que partía de la base de la existencia de condiciones para desarrollar desde la CNT un enfrentamiento más general y profundo contra la política anti-popular del pachequismo.
A su vez en el desarrollo de la vida interna de los sindicatos, la Tendencia combativa propiciaba el desarrollo de formas más participativas de acción de masas, de democracia sindical, de descentralización en la toma de decisiones, de más consulta a las bases. Allí se aglutinaban sectores vinculados o simpatizantes del MLN, de la ROE, de los GAU, del Partido Socialista, del MIR, así como sindicalistas independientes y sectores radicalizados del movimiento estudiantil como el FER y la interagrupacional universitaria.
Debemos concluir hay, que ese desarrollo de todas las potencialidades revolucionarias que se anudaron en ese período, no fue posible ante el predominio que en todo ese periodo que precedió a la dictadura, tuvieron las ideas sustentadas por la estrategia sostenida por el Partido Comunista. Esa conclusión es la que se recojerá en el documento de las 3 F, como balance de la huelga general.
Esa parte importante de la izquierda llegaba a la conclusión de que aquel sistema político y las vía electorales como alternativa de cambio estaban agotadas y que por esa vía era imposible construir una alternativa efectiva de poder en el Uruguay.
El estado paternalista benefactor desaparece completamente, y el personal político del mismo es ocupado por los banqueros y los empresarios. Ello se expresara en el gabinete ministerial de Pacheco. Desde ese bloque en el poder, se incrementara la represión.
Entre el 68 y el 72, el Uruguay entró en un proceso de aceleración histórica. La crisis económica, la concentración del poder político y la aparición de la guerrilla son factores fundamentales de ese proceso.
Ante el impacto creciente que sobre el pueblo y sobretodo de las tradiciones de la vida política produce el autoritarismo como estilo de gobierno, miles de personas estuvieron en condiciones subjetivas de ingresar a la lucha revolucionaria.
Miles de trabajadores fueron protagonistas de huelgas y paros generales y resistencia a las militarizaciones que como respuesta articulaba el gobierno.
El proceso de intensificación y agudización de las luchas sindicales y políticas que vivió el Uruguay a fines de 1970 y principios del 71, fueron provocadas por el gobierno semi dictatorial de Pacheco.
No se trató de la irrupción intempestiva, en la paradisíaca Suiza de América, de ideologías foráneas provenientes de la Cuba castrista. En el Uruguay se vivía un proceso de concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo, con un parlamento que tenía cada día una menor y escasa gravitación y que iba cayendo en el desprestigio. Vivíamos una democracia con una falta absoluta participación, que que no toleraba y reprimía cualquier forma de autorganización popular. En la que como consecuencia de la distorsión y el falseamiento de los mecanismos de representación política, se adoptaban decisiones en materia económico-social que afectaban a las grandes mayorías, en materia de salarios, de deterioro del sistema de previsión social, de la educación pública, de falta de apoyo a los medianos y pequeños productores rurales.
La democracia quedó reducida a que cada 4 o 5 años, el ciudadano eligiera entre las propuestas electorales manipuladas a través de los tortuosos mecanismos de la “ley de lemas”, que permitieron, por ejemplo, que Bordaberry fuera elegido presidente con 21% de los votos, un 2% mas que los obtenidos por Seregni.
Decía Zelmar Michelini para cauterizar esa democracia anterior al golpe que el “Uruguay ha asistido en los últimos años al vaciamiento del contenido democrático de sus instituciones”.
Hugo Cores sostenía, polemizando a quienes en la interpretación histórica caen en la teoría de los dos demonios: “Hay quienes sostienen que la izquierda ha desdeñado la democracia y sus valores. Creo más bien que nosotros defendíamos, en nombre de las libertades públicas y sindicales, y de la defensa de los intereses materiales de los trabajadores, los aspectos populares de la democracia, los valores sustantivos que hacen que ésta sea el gobierno del pueblo”.
El 14 de agosto del 68, asesinan a Líber Arce, un estudiante, por primera vez en la calle. Luegos seguiran otros asesinatos.
Hugo Cores concluía que: “Existió un gran potencial de lucha, y no sólo por el salario, sino también por la dignidad y la libertad, al que no se brindó canales unificados de desarrollo. (…) El Uruguay se venía abajo en un sentido regresivo no sólo en lo económico, sino también en lo político, en las normas de convivencia. Daba la sensación de que algo se estaba terminando. Y a su vez sentimos que no era así como lo veía el Partido Comunista y en ese sentido se producían confrontaciones en el seno del movimiento sindical, y a veces también en el seno del movimiento estudiantil, polémicas públicas en las que nosotros le recriminábamos al Partido Comunista tener posiciones excesivamente moderadas o, digamos más brutalmente, conciliadoras. En ese momento su preocupación central era ampliar el esquema de alianzas, que había que crear instrumentos políticos más amplios. Esto no llegaba a romper la unidad de la CNT, pero provocaba dentro de ésta una polémica”.
Desde la ROE, nosotros caracterizábamos la etapa que vivíamos, como de resistencia, no una etapa pre-revolucionaria como la caracterizaban otros sectores cercanos a nosotros.
Esas caracterizaciones eran importantes pues definían la táctica y la estrategia de la lucha por el poder.
Se estaba ante un proceso que ocasionaba un resquebrajamiento en las filas de los partidos tradicionales con el abandono de sus filas de Erro, Michelini, Roballo, Rodríguez Camusso, etc; un sector importante de la intelectualidad se volcaba a la izquierda y mucha de ella expresaba abiertamente simpatías por las acciones revolucionarias; el movimiento sindical llevaba adelante huelgas y conflictos muy prologados, con en desarrollo de formas violentas de acción directa, con frecuentes enfrentamientos con la policía.
En ese panorama, desde la Tendencia visualizábamos a la conducción mayoritaria de movimiento sindical, como excesivamente moderada y apostando a un proceso de acumulación más amplio. Esa estrategia para nosotros frenaba la posibilidad de un plan de lucha de conjunto, una mayor articulación entre las acciones del movimiento obrero y la que estaban operando a otros niveles de la sociedad.
Sin duda, la aguda y enconada lucha ideológica dentro de la izquierda dificultó que en ese periodo de inflexión de nuestra historia reciente, esas distintas concepciones discutieran, cómo se articulaban las distintas formas de acción. Mientras que la izquierda no pudo o no quiso hacerlo, la derecha, si lo hizo.
Hugo Cores, puso muchas veces puso el acento en ese aspecto para encontrar las claves de lo que vendría después y decía: “En algún lugar del debate hay que poner que la izquierda, en un proceso de acumulación muy intenso que se dio entre el 68 y el 73, fue derrotada por diez años. Se detuvo ese proceso de acumulación y nos impusieron derrotas en el plano económico, en la capacidad de autoorganización popular y de los trabajadores, en el plano de los derechos humanos, en el plano de los derechos civiles, de los derechos políticos; se procesó un cambio en la estructura del estado en un sentido autoritario del que no hemos podido salir...”
Hoy muchos podrían preguntarse, si la constitución de Frente Amplio en 1971, ¿no fue la instalación de ese ámbito de articulación de las distintas formas de acción?
¿Veamos como veíamos nosotros, en 1971, la constitución del Frente Amplio? Lo veíamos como un intento de levantar una alternativa contra la guerrilla de los sectores más centristas y conciliadores. Como una forma de canalizar hacia una vía legal electoral un proceso de acercamiento hacia la izquierda y hacia los métodos de lucha radicales de sectores cada vez más amplios de la sociedad.
¿Era solo eso? Creemos que no. Pero en aquel momento, nosotros, vimos sólo eso y es lo que consignamos en una publicación del año 1971 que titulamos con una interrogante: ¿Tiempo de lucha o tiempo de elecciones?
Hugo Cores, dirá posteriormente. “No vimos que el Frente Amplio iba a ser otra cosa además de eso; sobre todo que se iba a transformar en un gran espacio de protagonismo y de identificación política de masas... Ese hecho me parece de enorme trascendencia porque eso te explica que 10 años de dictadura no mataron esa identificación política frenteamplista... La gente en realidad adhirió a través de su programa, a través de lo que significaba de que estuvieran juntas figuras que venían de experiencias diversas, pero, sobre todo, al surgimiento de una fuerza política que encarnaba la resistencia popular ante el despotismo y abría la posibilidad de crear una fuerza política nueva de izquierda, que quebrara el bipartidismo predominante en el país desde el siglo pasado”.
Más allá de ese error en la percepción de lo que significaría la constitución del Frente Amplio, en esa polémica a dos bandas que manteníamos, no todas fueron visiones erradas o desacertadas. En otro documento anotábamos el error del MLN de haber acentuado la acción militar en un período en el cual no estaban en condiciones de mantenerla, al mismo tiempo que criticábamos el error que cometieron, los comunistas de no desplegar todo el potencial del movimiento de masas en determinado período.
Estas anotaciones que creímos necesario incorporar a estos análisis, deben servirnos a todos para que separemos los errores episódicos del pasado y vayamos a los fundamentales. Esta es operación intelectual imprescindible en todo proceso de balance.
Althusser sostenía: “No basta reconocer los errores, hay que conocer sus causas”. Es importante eso, porque de lo que se trata no es de encontrar los culpables, sino de ver por qué se produjeron esos errores, con qué lógica se llegaba a esas conclusiones; para poder evitar caer en esos mismos errores otra vez. Para nosotros hoy, los objetivos programáticos son sustancialmente los mismos que los que nos planteábamos en el 71. Hay que terminar con la dependencia, la pobreza, el estancamiento, y para ello vamos a necesitar desarrollar niveles de lucha en el movimiento popular aún mayores que los que desarrollamos antaño. Y para lograrlos es importante, además de no olvidar que somos gobierno, examinar qué errores cometimos en el pasado que fueron impedimento para la plena expresión de la fuerza acumulada por el movimiento popular.
Volviendo a los años que precedieron al golpe del 73, debemos detenernos en la sobre valorización de las llamadas corrientes progresistas dentro de las fuerzas armadas, que se materializan en las expectativas que el Partido Comunista depositó en febrero del 73 en los Comunicados 4 y 7.
El apoyo a estos Comunicados se constituyó en una suerte de atajo en una supuesta vía de aproximación al poder. Esto tuvo consecuencias importantes en el movimiento popular, ya que después de un año de denunciar y enfrentar la represión militar de 1972, se ofreció un apoyo al mismo elenco que había liderado la represión utilizando métodos brutales de tortura e intimidación. Este hecho provocó una gran confusión en el seno de la izquierda y del movimiento obrero tres meses antes del golpe de estado.
Concluir que ese factor, fue la consecuencia de la derrota de la huelga general, es muy aventurado decirlo. Entonces, qué aspectos debemos incluir para la reflexión sobre ese esfuerzo titánico que realizo la CNT en la huelga contra la dictadura.
Uno de ellos, esta claramente vinculado al tema de las expectativas en torno a los comunicados 4 y 7: nos referimos al 1º de mayo de 1973.
El otro está referido a la falta de un ámbito de articulación de las distintas formas de acción. Hugo decía, que había faltado una suerte de “estado mayor”.
El movimiento sindical había atravesado a mediados de agosto de 1972, enfrentamientos muy duros, en torno, por ejemplo al tema de los presos. Los comunistas tenían una concepción que diferenciaba a los presos de la guerrilla y los del movimiento sindical y por eso discrepaba con la consigna de “liberar a los presos por luchar”.
A nosotros nos ridiculizaban, por la consigna de “arriba los que luchan”. En esto se consigna nosotros condensábamos un cuestionamiento a una estrategia que no estaba a la altura de los desafíos planteados en aquella coyuntura. Nosotros reclamábamos la necesidad de un Plan de Lucha global en defensa de los salarios y de los derechos de los trabajadores articulados con la defensa de tas libertades públicas y en rechazo a los atropellos de los derechos humanos. Frente a ese reclamo, la conducción mayoritaria de la CNT, apostó a una estrategia que básicamente busco no llegar a un enfrentamiento frontal con el gobierno, en aras de una concepción de acumulación de fuerzas a largo plazo, en la que perdió de vista que el avance autoritario y la derrota de los sectores más combativos comprometía la capacidad futura de respuesta del movimiento popular. Era una estrategia que circunscribió la acción del movimiento procurando siempre una capitalización electoral, en una coyuntura de una fuerte ofensiva reaccionaria y antidemocrática en la que se atropellaban los derechos democráticos y el movimiento de resistencia popular desplegaba su acción recurriendo de manera creciente a formas de acción ilegales, las únicas posibles en un período de represión como el que se había iniciado a fines de los años 60.
En estos momentos donde discrepancias en el seno del movimiento sindical y político han generado fenómenos inimaginables para nuestras tradiciones y nuestra historia, quiero traer a colación una reflexión que realizaba Hugo Cores sobre aquellas discrepancias en el seno del movimiento popular. Hugo decía en 1994: “no creo que se pueda afirmar que el PC haya “utilizado” a las organizaciones sindicales. Si sus puntos de vistas predominaron y predominan en el movimiento sindical - nos guste o no su estrategia o sus métodos - es porque tiene el apoyo de mayorías legítimamente conquistadas debido a la tenacidad de sus militantes, a su preocupación consecuente por hacerse eco de los problemas concretos de los trabajadores y al respeto que inspira su dedicación y estabilidad organizativa”.

Quiero referirme a los cerdaderos actores de ese esfuerzo que hizo el movimiento popular convocado por la CNT, de resistencia al golpe de Estado.
Las fuerzas democráticas de los partidos tradicionales – porque no hay que olvidar que sectores de ambos partidos, apoyaron y trabajaron para la dictadura-, dentro del Uruguay, hicieron muy poca cosa efectiva contra la dictadura durante muchos años. Muchos hicieron efectiva la consigna: “desensillar hasta que aclare”. Esa actitud de expectativa de que la dictadura caería por su propio peso, fue influenciada hacia a otros sectores la sociedad, como por ejemplo la iglesia, la prensa.
La resistencia se apoyó básicamente durante muchísimo tiempo en la labor sacrificada de miles de militantes clandestinos frente a la pasividad que se fue apoderando de amplios sectores de la pequeña burguesía.
Esos militantes, fueron engrosando, en un número considerable, las listas de asesinados, torturados, desaparecidos, prisioneros, exiliados. Una política del miedo, cuyo fundamental propósito era disgregar a la sociedad confinando al individuo a la soledad, el silencio y la parálisis, no sólo política, sino también social y cultural, debieron enfrentar hombres y mujeres resistentes.
Participar del esfuerzo gigantesco en materia de solidaridad y de denuncia en el país y en el exilio para lograr el aislamiento internacional de la dictadura, merece algo mas que una Pensión Especial Reparatoria y no merece el contenido del proyecto del Poder Ejecutivo del 26 de marzo pasado.
No fue una tarea fácil de realizar en el marco de un clima angustiante creado por las noticias sombrías llegadas cada día del Uruguay y del exilio cercano de Argentina.
Pero ese periodo, sobrepasa los límites de los temas que hoy queríamos trasmitir. Sin embargo no quiero omitirme en dejar planteadas dos cosas. Para la primera voy a acudir una vez más a las palabras de Hugo cuando hace 12 años se refería a un eventual acceso del Frente Amplio al gobierno. Hugo decía que ellos “nos enfrentaría a problemas ante los cuales podría haber dos caminos: uno, administrar la crisis de la mejor manera posible y, por lo tanto, no llevar adelante el programa; o de lo contrario: vencer la resistencia fuerte de los núcleos más apegados al monopolio del capital financiero; más apegados al imperialismo, más apegados a privilegios de toda índole y que se van a valer de medios legales o ilegales para evitar que se lleve adelante el programa de transformaciones antimperialistas, democráticas y populares las que el frente quiere llevar adelante”.
A partir de esas predicciones políticas, decía que era importante prepararse desde ya para eso y que para doblegar esas resistencias era fundamental la legitimidad política, la legitimidad democrática, la conquista del apoyo de las grandes mayorías. Que el fortalecimiento del movimiento popular debía ser utilizado para llevar adelante el Programa. Y concluia diciendo “de un lado, el Frente Amplio y todos los que con él compartan un proyecto de cambios, del otro los defensores del stastus quo”. En esa tarea visualizamos al movimiento sindical jugando fuerte.
Para el segundo tema también recurriremos al pensamiento de Hugo. Que decía: que las grandes manifestaciones de masas, la experiencia vivida en la calle de fraternización bajo las mismas banderas de decenas o cientos de miles de personas, era para una parte considerable de nuestro pueblo la experiencia política más importante de su existencia. Lo era porque uno no entraba a una manifestación de esas saliendo igual. Se salía fortalecido moral e ideológicamente.
Nosotros no nos confundimos bajo que banderas marcharemos. Nosotros queremos seguir siendo un motor del protagonismo de la gente, ser los parteros del nacimiento de una nueva esperanza, sembradores de la semilla fértil en la construcción de la unidad. En ese sentido nos sentimos continuadores del esfuerzo, la dignidad y la entrega de Leo Duarte, de Gerardo Gatti, de Elena Quinteros, de Gustavo Inzaurralde, de Miguel Gromaz, de Gilberto Coghlan y de Hugo Cores.
Tenemos muy claro en que manifestación siempre marcharemos, que consigna y con quien la corearemos. Hugo decía que los procesos de cambio suponían momentos de anudamiento y de ruptura, en los cuales es preciso ejercer la fuerza del pueblo. Por eso apostar a la unidad del campo popular, es una apuesta en la que no pueden caber las confusiones. Pertenecemos a un Partido que nunca pretendió transformar a las organizaciones sindicales en correa de transmisión de sus decisiones. Para nosotros la autonomía de las organizaciones de clase es una cuestión de principios. Lo fue antes de que la izquierda fuera gobierno. Lo será ahora que somos gobierno y lo será después de cualquier proceso de transformaciones revolucionarias.

reflexiones cumpleañeras

Escrito el 10 de febrero de 2008.

Como dice Sabina, cumplí 30 mas 34.
O 20 mas 10, mas 10, mas 20, mas 4. Cada cual puede hacer las sumas como quiera, por suerte o por desgracia (depende de cómo se mire), lo que no debe (ni se puede) cambiar es el resultado final.
Sesenta y cuatro.
Muy largo dicho así; 64, así parece menos.
Muchos amigos, me han mandado un SMS, otros me han llamo por teléfono (que anticuados) y otros han venido a verme. A los que me llamaron por teléfono, corrio a cargo de ellos, la respuesta y el agradecimiento. Contestar los SMS a todos de la misma manera, me hubiera obligado a estar largas horas como una gallina picoteando las teclas del celular.

Esto es una respuesta a cada uno. Sin embargo no es una respuesta adocenada. No es una respuesta que uno hace y que sirve para todos. Es cierto que tienen algo en común, al fin y al cabo uno por mas que disimule tiene cosas que no puede cambiar.
Pero las personas son como las novelas, cada cual puede darles la interpretación que quiera, leer solo el final, o saltearse las páginas mas aburridas ¡Sean benignos, por favor!
Tengo la suerte o la desgracia, de que cumplo años un día después que mi hermano menor, así que como las reuniones por su cumpleaños duran hasta después de las 12 de la noche, le garroneo algunos saludos. También es una ventaja, que con 24 horas de diferencia, nuestros amigos – entraditos también en años- digieren muy lentamente lo que comen el 9 de febrero, así que el 10, o comen poco o bien no vienen. Tiene la desgracia de que muchos se hacen los distritos y parecen enterarse allí que es también mi cumpleaños. Así que me saludan…y omiten el regalo.
Los regalos a veces son un problema. Por ejemplo un buzo o una remera muy ajustada, pone en evidencia protuberancias que muestran que además de la carne, los músculos también son débiles y dejan escapar el estomago mas de lo recomendable.
Por ejemplo me regalaron el bisnieto de la radio Spika. Claro que no se llama como cualquier otra cosa con una palabra; tiene dos letras y un número. MP4.
Es cierto que los que a la fuerza entramos a la tercera edad, tenemos derecho a las nuevas tecnologías, pero es una discriminación que los manuales sean con una letra tan chica, que ni con los lentes podemos leerlos…y si los leemos ¡Cómo cuesta entenderlo!
Pero algo aprendimos, con esto de las nuevas tecnologías, esas que llaman de tercera generación. Nosotros no somos de la tercera edad, ¡somos de tercera generación!
Cierto es también, que a diferencia de este aparato- el MP4, no piensen mal- uno también funciona digitalmente, aunque muchas veces demoremos en prender las luces.

En alguno de esos años, nos hemos cruzado. En ese cruce, que puede haber sido largo, corto o aún en curso, me han soportado. Gracias por ello.